LLAMARLES extorsionistas a Jac-ques Chirac y Gerhard Schröder, presidente de Francia y canciller de Alemania, respectivamente, hubiera sido más suave que tildar de «sacrílega» la alianza franco-alemana, tal como ha hecho Theo Weigel, ex ministro germano de Finanzas y uno de los padres del euro. Ningún otro calificativo merece a Weigel la presión conjunta de París y Berlín sobre la Comisión Europea para que no les aplique las sanciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La denuncia es de gravedad tan enorme como manifiesta. El eje germano-francés ha hecho patente su proclividad a tomarse a beneficio de inventario el proceso de construcción de Europa. Por eso presiona en Bruselas sobre la Comisión, y por lo mismo encargó a Giscard d'Estaing, presidente de la Convención encargada de redactar por consenso el proyecto de Constitución, que modificara en éste lo establecido en el Pacto de Niza sobre el reparto de las cuotas de poder en el gobierno de la Unión. La instrucción aquélla a Giscard era ilegítima; la presión sobre Bruselas es gravemente desvirtuadora de las competencias comunitarias, que tienen en la independencia de la Comisión un requisito medular. Y para una lectura española, queda bien claro por qué se oponen Francia y Alemania a que la Constitución de Europa se atenga al derecho comunitario preexistente. Perturba al eje franco-alemán que España y Polonia, con poblaciones casi grandes, puedan bloquear, asociadas a naciones pequeñas, decisiones perjudiciales para ellas, aunque sean conformes con la legalidad. Si el eje ignora los Tratados vigentes, ¿quién pararía al eje con una Constitución que le exime de los adecuados frenos y contrapesos? Cobra todo su sentido, por tanto, la resistencia española a que se vulnere el Tratado de Niza -modificando el reparto de poder- como se infringe, con el déficit, el Tratado de Estabilidad.