ES OBVIO que Aznar no sólo aspira a controlar hasta el final el proceso sucesorio, sino a condicionar al sucesor imponiéndole su legado como base del futuro proyecto político de la derecha española. Ambas cosas han quedado meridianamente claras en el debate de política general celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, el último de José María Aznar como presidente del gobierno. Es cada vez más evidente que la derecha gobernante, con Aznar a la cabeza, muestra escaso entusiasmo por los valores que hicieron posible la transición y dieron vida e impulso a nuestra democracia hace ahora 25 años. A lo largo de la legislatura que termina, en la que la derecha dispone de mayoría absoluta por primera vez en la democracia, el presidente del gobierno ha exhibido una irrefrenable tendencia a concentrar todo el poder, confundiendo mayoría absoluta con poder absoluto. Este proyecto expansivo y excluyente del gobierno ignora que la mayoría electoral, que legitima para gobernar, no desposee a la oposición de los derechos de control y crítica al ejecutivo, no autoriza a realizar presiones a los tribunales, para que éstos acomoden sus decisiones a las exigencias del guión político del gobierno, ni puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a expresar sus opiniones respecto de la acción política del gobierno. Durante la última legislatura tampoco el talante y estilo del presidente han estimulado la cultura democrática y los valores constitucionales. Su constante tendencia a sustituir el debate democrático por la descalificación del adversario, o a identificar sus intereses con los de España contraponiéndolos a los derechos y libertades de los ciudadanos, no representa precisamente un ejemplo de lealtad constitucional. Tampoco la obsesión por restringir el pluralismo político y evitar a toda costa la alternacia democrática se compagina bien con el espíritu constitucional. Y tal cosa ocurre cuando se intenta, como hace Aznar, deslegitimar y poner fuera del sistema a partidos democráticos, o cuando se califica a la oposición no como una opción diferente, pero legítima, sino como una amenaza y un grave peligro para España. Más grave aún, si cabe, es la peligrosa operación en la que se ha embarcado Aznar, mediante la cual pretende patrimonializar la Constitución y utilizarla como un concepto excluyente, alejándola, de este modo, del espíritu integrador con el que fue elaborada y poniendo en peligro el bloque político que le dio vida hace un cuarto de siglo. En estas circunstancias, no puede sorprender que el debate y el futuro del PP susciten un enorme interés. Todavía es la primera fuerza política del país y, en cualquier caso, ejercerá una importante influencia en la deriva de la democracia española. El sucesor tendrá ante sí dos opciones básicas: continuar el proyecto rupturista iniciado por Aznar o retornar a los valores comunes de la Constitución. Estaremos atentos.