EL SALDO presupuestario (superávit o déficit) es sólo un instrumento de política económica. Como también lo es el impuesto, la subvención, la oferta monetaria y la regulación. Si el objetivo de los gobiernos es maximizar el bienestar social, confundir medios y fines (déficit cero), como sucede en la actualidad, no parece correcto. A no ser que existan situaciones transitorias que exijan sanear la administración. Pero fuera de esta circunstancia, se debería evitar las temibles obsesiones y dejar que el saldo presupuestario sea realmente lo que es: un instrumento de política económica al servicio del bienestar social. Resumiendo la cuestión por razones de espacio, la doctrina del déficit cero se fundamenta en la siguiente cadena de efectos. Los déficit y endeudamientos públicos empujan al alza los tipos de interés reales a largo plazo, situación que provoca efectos negativos en la inflación y en la inversión privada. La inflación afecta a la competitividad de las empresas, a la balanza de pagos y a la distribución de la renta. Los efectos negativos sobre la inversión se motivan por la elevación de los tipos de interés, por la inflación y por el llamado crowding out (efecto expulsión), lo que genera a su vez menos producción, renta y empleo. Además, la disciplina presupuestaria evita que posibles insolvencias financieras de los países miembros de la UE deban ser afrontadas finalmente por el Banco Central Europeo. Pero las cosas son más complejas de lo que el discurso oficial señala. Porque los tipos de interés dependen básicamente de la oferta y demanda de ahorro que protagonizan las familias, las administraciones públicas, las empresas y el sector exterior, así como de la política monetaria. Los efectos de la deuda pública son aquí una hipótesis de trabajo, a veces poco relevante, que debería cuantificarse. Por otro lado, la inflación está motivada por el exceso de demanda, por los costes empresariales (salarios, materias primas, energía, gastos financieros, fiscalidad, etc.) y por la naturaleza de los mercados (monopolio, competencia). Afirmar que la deuda pública, a través de los tipos de interés, azota la inflación y la inversión privada es un apriorismo estúpido. Porque la inversión también depende de las expectativas empresariales, de las condiciones productivas (infraestructuras, suelo industrial, etc.), de la dinámica de costes y de la coyuntura internacional. Las variaciones del tipo de interés es una parte del problema y en ocasiones ajena al endeudamiento público. Entre el déficit presupuestario y el crecimiento económico hay espacios amplios y múltiples variables intermedias. Por eso resulta insultante el dogma, el prejuicio y la simplificación. Por eso somos tan descreídos.