RESULTA EVIDENTE que la iniciativa del presidente Aznar, comprometiendo a España en la guerra de Irak, ha hecho saltar por los aires los ejes fundamentales en los que se asentaba nuestra política internacional, sin que el Gobierno haya sido capaz de explicar cuales son las alternativas y las nuevas prioridades de la política exterior española, salvo la recurrente referencia al intocable vínculo trasatlántico, aunque sin atreverse a explicitar qué relaciones quiere y puede tener España con la superpotencia norteamericana. Todo lo cual exige una perentoria y pormenorizada explicación del Gobierno ante el Parlamento, con el objetivo de que la opinión pública conozca, por fin, el tan cacareado proyecto del presidente para sacar a España del ricón de la historia. En qué consiste su compromiso real con la legalidad internacional, y en particular con Naciones Unidas, es la primera incógnita que debe despejar el Gobierno. Pretender, como hace José María Aznar, que todos los países deban seguir al gobierno estadounidense, en nombre de la unidad de la comunidad internacional y como única garatía de ésta, es un sofisma. El Gobierno, pues, ha de decidir si, a partir de ahora, reconoce que la ONU debe jugar un papel central, respetando, por lo tanto, su autoridad y procedimientos, o si, por el contrario, considera a esta institución como irrelevante -prescindible en palabras de Rajoy- si no respalda las decisiones previamente tomadas por el gobierno de Washington. El pasado 27 de enero, The Financial Times , con motivo de la celebración del aniversario del Pacto del Elíseo, informaba de la profunda inquietud de Washington ante el potencial del eje franco-alemán. Pocos días después, Brzezinski -ex asesor en asuntos de seguridad del presidente norteamericano- analizaba la manera en la que EE. UU. había reaccionado ante la posición europea con respecto a la guerra en Irak, llegando a la conclusión que los actuales líderes estadounidenses confundían la OTAN con el Pacto de Varsovia que, como es sabido, basaba su funcionamiento en la doctrina de la soberanía limitada. Así pues, no puede extrañar que la opinión pública española considere que la concepción que el presidente Aznar tiene del vínculo trasatlántico se reduce a la mera sumisión, a justificar la subordinación de Europa a EE. UU., y a impedir la aparición de un poder político europeo independiente. La sociedad española tiene el derecho de conocer, sin ningún tipo de equívocos, si el presidente del gobierno tiene la vocación y la autonomía necesarias para impulsar la construcción de la UE como un auténtico sujeto político global, con todos sus atributos -moneda, seguridad, defensa, política exterior, espacio judicial, política económica, modelo social- o se alineará, una vez más, con aquellos que pretenden que ese papel lo juegen exclusivamente Estados Unidos, relegando a Europa a un penoso papel subalterno, como el que está representando en la turbulenta situación por la que atraviesa el mundo. El presidente del Gobierno tiene la obligación de aclarar, sin más embustes ni eufemismos, cuál es su política, y la del PP, en una cuestión tan decisiva para nuestro futuro como país.