DE VEZ en cuando, la sociedad tiene un espasmo y los políticos se apresuran a fijar su atención en el problema que lo ha provocado. Ahora le ha tocado al que dicen el oficio más antiguo del mundo. La Generalitat catalana ha dictado una ley sobre la prostitución que, examinada con los ojos de un profano, regula más bien poco; el Senado tiene en marcha una comisión que estudia el mismo asunto; una conselleira de nueva hornada ha asegurado que la Xunta se pone manos a la obra, a trabajar sobre este problema... He leído y escuchado a algunas feministas utópicas que la solución está en abolir la prostitución, como se abolió en su día la esclavitud; es decir, de raíz. Socialmente no existe ni mucho menos el consenso necesario para desterrar la prostitución, porque ni siquiera se da, probablemente, la coincidencia en considerar esta lacra como una explotación humillante del cuerpo humano. Y aunque así fuera, por mucho que legislemos me temo que nunca se acabará del todo con esta práctica, como no parece viable acabar por decreto con la tristeza o la soledad. De todos modos, sí parece posible avanzar hoy más que ayer. A mi buena amiga Ana Míguez, con un excelente trabajo al frente de la asociación feminista Alecrín, le he escuchado el éxito que ha conseguido en algún país socialmente más avanzado que España, el perseguir a los que prostituyen, atacar a los clientes. Es una respuesta, dada con muchos años de retraso, a aquella poesía mística que se interrogaba sobre quién tenía más culpa, si la que peca por la paga o el que paga por pecar. Si como dicen diversas encuestas con colectivos de prostitutas, son cada día más los clientes que exigen cobrarse pieza sin preservativo, resulta evidente que se abre una primera vía para sancionarlos por un delito contra la salud pública, tanto por el riesgo que corren como por el que pueden representar para las personas con las que posteriormente tengan relaciones sexuales. Todo ello sin dejar de perseguir a los proxenetas e intermediarios y procurando la reinserción de las rameras.