EL DESASTRE ocasionado por el petrolero Prestige en las costas gallegas provoca comentarios dispares. Salvo las muy justificadas reclamaciones de pescadores y mariscadores, privados de su medio de vida habitual y único, las restantes actitudes, cara a la galería, se sitúan en el plano de la confrontación política. En 1976, el petrolero Urquiola contaminó en A Coruña la ría de O Burgo y alcanzó las rías de Betanzos y Pontedeume. Participé en las actuaciones que urgentemente se desarrollaron por un Comité de Emergencia establecido en la Comandancia de Marina de A Coruña. La Armada española prestó valiosa colaboración y el Instituto Español de Oceanografía dirigió el tratamiento de los vertidos con medios y productos que no son los de hoy. Cada día el Comité de Emergencia analizaba la situación, tomaba medidas e informaba a las poblaciones afectadas y a la opinión pública, como acreditan las hemerotecas. Desde entonces, ningún petrolero ha contaminado tanto nuestras costas como el Prestige . Estamos ante una auténtica catástrofe: aguas, puertos y villas, cuyas poblaciones viven exclusivamente de la extracción pesquero-marisquera, quedan gravemente afectadas y por un tiempo indeterminado, además de la destrucción del ecosistema, contaminación de humedales de gran valor y una rica colonia de aves marinas petroleadas sobre el arenal en denuncia muda de nuestra desidia marítima. No es la ocasión para imputaciones acusatorias. Encaramarse en la catástrofe como púlpito denunciador es impropio de personas responsables. Sin embargo, sí es momento para que las instituciones públicas programen con urgencia medidas y actuaciones precisas para limitar las graves repercusiones de esta tragedia que todavía no ha conclido, porque la marea puede repetirse. Se airea demagógicamente la carencia de medios de salvamento y control del finisterre gallego. Y es cierto. Carecemos de remolcadores con la potencia de arastre que un petrolero en emergencia exige en situaciones de temporal de viento y mar. Pero esta carencia no es de hoy. Viene de siempre. Se han sucedido distintos gobiernos democráticos que no sólo no adoptaron medidas adecuadas para la seguridad, sino que trocearon funcionalmente la administración marítima, tanto mercante como pesquera, olvidando el medio común que les es propio. Hay países donde un Ministerio del Mar aglutina la actividad marítimo-pesquera, incluso con jurisdicción en puertos, costas y señales. Esta fragmentación ha incidido en las dudas, retrasos e improvisación en la toma de decisiones urgentes. La Delegación del Gobierno en Galicia se enfrentó a una situación para la que no cuenta con medios, ni tiene experiencia ni vocación. Hay que replantearse el papel de las comandancias de marina, para que vuelvan a ocupar su antigua presencia en funciones de vigilancia y seguridad, sin necesidad de duplicar efectivos, como lo demuestra la aparente ausencia de profesionales del mar, de técnicos en contaminación, en ingeniería naval o la inutilización de la Armada. Llegó el momento de resolver esta deficiente situación que ahora padecemos en toda su crudeza. Pero ésta es una tarea que el Parlamento y los gobiernos central y autonómico tienen que considerar en sus ámbitos respectivos. Deben constituirse urgentemente comisiones de trabajo con participación de profesionales, técnicos y científicos, para concluir en un documento en el que fundamentar una eficaz política de seguridad en la mar. Son necesarios protocolos de actuación en emergencia, vigilancia y alejamiento de tráficos, inspección de buques, dotación de medios de todo tipo y cuantas medidas sean precisas para que no vuelvan a repetirse o puedan limitarse al máximo estos desastres.