EL PARTIDO Popular, con Aznar y Mayor Oreja a la cabeza, se ha embarcado en una peligrosa operación política que amenaza la continuidad del consenso y del bloque político que dio vida a nuestra Constitución. Al autoproclamarse como único garante de la Constitución y de la unidad de España, el PP se situa en una posición excluyente y, por tanto, muy alejada del espíritu integrador con el que fue concebida y elaborada nuestra Carta Magna. En una primera etapa el PP intentó patrimonializar la Constitución. Para ello desempolvó y tergiversó el concepto de patriotismo constitucional, que Habermas había desarrollado con el fin de dotar a Alemania de una nueva identidad democrática, aquella que, antitética con el patriotismo nazi, no pudo consolidarse durante la República de Weimar. Pero pronto comprendió que el verdadero núcleo constitucional no se podía exhibir ni utilizar como arma arrojadiza contra sus adversarios (la izquierda y los nacionalistas), pues éstos tenían más crédito y antigüedad en la defensa de los valores constitucionales que los dirigentes del PP, tardíos defensores de la Constitución unos, demócratas sobrevenidos otros. Esto explica que el Partido Popular haya decidido centrar su atención exclusivammente en el artículo 2 de la Constitución («la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»), presentándose como su único garante, relanzando la confrontación con los nacionalistas, tan rentable electoralmente, e intentando establecer un inaceptable principio, según el cual cualquier discrepancia con su particular concepción de España es presentada como una debilidad y una claudicación. Todo ello con el único fin de subordinar al resto de las fuerzas democráticas a la estrategia política y electoral del Gobierno. Ésta es la razón por la que Aznar se niega a la redefinición que necesita el marco general del Estado de las Autonomías. Esta es la razón por la que Aznar bloquea la necesaria reforma que convierta al Senado en una Cámara de representación territorial, tal como contempla el artículo 69 de nuestra Constitución. Éste es el motivo por el que el presidente del Gobierno se opone a la participación de las comunidades autónomas en la planificación de la economía, como indica el artículo 131.2. Y también ésta es la razón por la que Aznar impide que las comunidades autónomas participen en el proceso de construcción europea, tanto en la formación de la voluntad del Estado ad extra , como en la ejecución de la normativa comunitaria ad intra . Este proyecto del presidente del Gobierno, que se intenta elevar a categoría de legado histórico, remueve los cimientos del pacto constitucional y agrede de tal forma el espíritu y la letra de la Carta Magna, que el propio Manuel Fraga lo calificó, en su día, de «auténtico fraude a la Constitución».