IGNORO si la juez Ruth Alonso cumplió la ley al poner en libertad provisional a un etarra condenado a casi tres siglos de cárcel. Quiero pensar que sí. De lo contrario, esa juez habría prevaricado. Por miedo, por convicción o sabe Dios por qué razones ocultas. Pero esa creencia no impide que haya escandalizado. Ha provocado un escándalo en una de las partes más sensibles: la ya decaída confianza en la Justicia. Pero entiendo que el problema legal, siendo grave, no es el peor. El problema legal lo resolverá la autoridad. Cabe, incluso, la anulación de la decisión judicial. Lo peor es el desaliento que produce en la sociedad. Cuando el terrorismo es la principal inquietud ciudadana según las encuestas de opinión; cuando la eficiencia policial se demuestra como la acción más eficaz para evitar nuevas muertes; cuando existe una demanda de que los asesinos cumplan íntegras las penas, es desalentador ver que un condenado por seis crímenes esté en libertad. Y con el respaldo de la ley. Un oyente de radio se preguntaba ayer cuánto cuesta detener a un terrorista para que ahora lo veamos tranquilamente en su casa. Esa opinión refleja toda la desmoralización que produce una noticia de este tipo. Esa es la «alarma social» a la que tanto se apela cuando se produce un escándalo. Y se puede añadir algo más: mientras el conjunto de la sociedad lamenta el hecho, es seguro que los simpatizantes con los violentos, comenzando por el señor Otegi, lo están celebrando: sus triquiñuelas jurídicas, sus recursos a la ley que tanto desprecian, han conseguido una victoria. Ahora se propone que estas decisiones sean adoptadas por una nueva sala de la Audiencia Nacional. Es una salida. Doctores tiene la Justicia que lo sabrán resolver. Pero yo, que no soy más que un lego en la materia, no hago más que preguntarme: ¿es que ya no nos podemos fiar de los jueces locales? ¿Es que no son libres para actuar?