DICE LA cultura popular que en España ha habido mucho enchulado capaz de «tirar la casa por la ventana», expresión que nace de la literalidad del gesto: cuando a alguien le iban bien las cosas, tiraba un buen lote de muebles a la calle. Ahora parece que los españoles no quieren que nadie haga tal cosa en su nombre. No están dispuestos a que las administraciones gasten más de lo que ingresan, según opinión mayoritaria recogida en una encuesta del CIS. No hay que sacralizar las encuestas, pero conviene tenerlas en consideración. Aquí y ahora, el 72% de los españoles no aceptan que haya déficit público. El mismo porcentaje apunta que el Gobierno central debe evitar que comunidades y ayuntamientos se endeuden en exceso. No es más que aplicar la doctrina del hogar a la vida pública: las familias no suelen comprar pisos, por ejemplo, con solo el dinero de la hipoteca, sino también con los ahorros que han acumulado previamente para este fin. Las más de las veces, desgraciadamente, muchas administraciones se endeudan para eso que el ciudadano tilda despectivamente de «hacer política»; o sea, acometer una obra suntuaria no imprescindible o calentar el ambiente preelectoral. No me consta que se haya preguntado sobre quién debe recaudar los impuestos, pero es evidente que en el caso de las comunidades y ayuntamientos es una bicoca que buena parte de la presión fiscal no provenga de ellos, sino de la Administración Central, que recauda en su nombre. Veremos la prudencia que rebosan con la anunciada subida del agua, que van a tener que cobrar directamente. Y a ver si las circunstancias hacen que los concellos gallegos, desde la responsabilidad, antes de pedir árnica a otros, dejan de estar situados a la cola en carga impositiva a los ciudadanos y aplican los impuestos que razonablemente necesiten. Arrostrando la impopularidad que ello acarrea, que es un riesgo que se corre en el ejercicio decente de la política.