EL GOBIERNO actual está haciendo concesiones a la Iglesia Católica que apuntan a una vuelta al pasado tartufero. Hay que denunciarlo, por los peligros que encierra para la convivencia. La cosa ha pasado ya de la deseable cooperación prevista por los constituyentes (CE 16.3) para caer en el campo del privilegio ofensivo. Lo prueban dos hechos de máxima gravedad: el silencio gubernamental ante los caprichosos despidos episcopales de profesores de religión católica de las escuelas públicas y la elevación del rango académico de la dichosa asignatura. Lo primero constituye una violación de derechos constitucionalmente protegidos, no justificable por los acuerdos con el Vaticano: por mucho que se empeñe el canonista Rouco, los tratados supranacionales no caen fuera de la Constitución. Lo segundo, que la nueva ley de educación introduzca un bloque de materias como alternativas obligatorias para los alumnos que no van voluntarios a la clase de catequesis católica, implica una aberración: el ejercicio de una libertad a costa de idéntica libertad ajena. El TC tendrá que sentenciar estos pleitos. Otra dejación infame es que el Gobierno está eludiendo, por motivos confesionales, la regulación de las investigaciones médicas con células madre, de prometedor futuro para el conocimiento de enfermedades hoy incurables. La Iglesia puede mantener las opiniones que quiera sobre las cuestiones de bioética, pero el poder político no puede hacerlas suyas e imponerlas al conjunto de la sociedad. En esta línea de nacionalcatolicismo encubierto entra la retransmisión en vivo por TVE de la ceremonia de canonización del fundador del Opus Dei. Y las imágenes de los ministros de la misión oficial española saludando, rodillamen en tierra, al oficiante. Qué gozada.