NO ES POR incordiar, pero la apertura del año judicial es un acto insoportable. Hasta el Rey, que tanto cuida las formas, se queda dormido. Sobre todo en esta edición, donde el presidente del Supremo ha dicho uno de los discursos más plúmbeos que se recuerdan: una hora de filosofía jurídica. Se disculpa por dos razones: una, porque ya sabemos que esa ceremonia, a juzgar por las gloriosas calvas que se contemplan, no es la elección de miss España ni un desfile de la Pasarela Cibeles. Otra, porque el fiscal del Estado ofrece los datos sobre la salud de todas las seguridades, públicas, privadas y jurídicas en nuestro país. Parece que hay cosas que van mejor. La Justicia, por ejemplo, no está tan atascada, y eso es noticia. Con un poco de suerte llegaremos a no ver legajos en los retretes. Las autoridades judiciales, a su vez, aportan ideas para el debate, y ahí tenemos la propuesta de crear «una Justicia de proximidad», que viene a ser como la policía del mismo apellido, pero con toga. Pero los datos de incremento de la delincuencia son tan malos como pensábamos, como venían predicando los medios informativos y como venía denunciando la oposición: en el año 2.001 la llamada inseguridad ciudadana ha crecido un 14,5 por ciento. ¡Eso sí que es inflación, señores ministros! Pero no se desalienten: mucho me temo que dentro de un año el señor fiscal anotará un crecimiento todavía mayor. Ahora se explica por qué Aznar se comprometió a barrer las calles de delincuentes: no hizo puñetero caso de los periódicos en varios meses, pero conocía el informe del fiscal, que parece respaldar con sus cifras la oportunidad de las reformas. El Gobierno ha tardado más de 250 días en reaccionar -porque hablamos del año 2001-, pero se ha salvado en el descuento. Si no lo hubiera hecho, a estas horas los mismos periódicos serían un clamor reclamando al presidente una visita al oculista.