ESPAÑA ES este año un país con menos corrupción entre políticos y funcionarios que en el 2001. Esa es la conclusión a la que se llega después de conocer un informe de la organización Transparencia Internacional, que ha hecho su evaluación sobre un total de 102 naciones, y sitúa a España en el puesto 20 entre los países menos corruptos, frente al 22 que ocupaba en el ejercicio anterior. Hay indicios alentadores, como que los primeros puestos de países con funcionarios más decentes los ocupan naciones con larga tradición democrática, como Finlandia, Dinamarca o Nueva Zelanda, y que España aparece junto a Japón y Bélgica. De lo que podría deducirse que profundizar en la democracia se presenta como una garantía para luchar contra la corrupción. Lástima que entre nosotros se cometieran errores como aquéllos que protagonizó un Gobierno socialista, al recortar sensiblemente el poder de secretarios e interventores en los ayuntamientos, aminorando con ello la fiscalización de los actos políticos. El problema de la corrupción no es únicamente de leyes y de rigor en la administración pública, sino también de la transmisión de unos valores a los españoles, que consagren la formalidad y la decencia en las relaciones de todo tipo, no solamente las de carácter político. En un país que ha generado una abundante y valiosa literatura de pícaros, a juzgar por los comentarios que a todos nos llegan de nuestro entorno, no son pocos los que ante ejemplos de corrupciones y corruptelas, se plantean un peligroso «si yo pudiera, haría lo mismo». Con lo cual, una moral cívica endeble no permite exigir con la debida firmeza comportamientos ejemplares de la clase política. No es poco, en un año, ganar dos puestos en la clasificación de Transparencia Internacional. Seguir en esa línea de progreso confirmaría a no pocos españoles que también por esto la democracia vale la pena.