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EN LA ÚLTIMA remodelación del Gobierno pocos nombramientos fueron más celebrados que el de Ana Pastor como ministra de Sanidad. Desde círculos gubernamentales se resaltó su trayectoria, presidida por la eficacia y la seriedad. Por desgracia, las declaraciones que viene realizando la ministra no avalan semejante reputación. Siguiendo el viejo ritual, con la misma retórica e idéntica falta de imaginación que sus antecesores en el cargo, la nueva ministra volvió a prometer una pronta solución a las listas de espera. Naturalmente, Ana Pastor nada dijo acerca de cómo piensa conseguir ese objetivo. Sería un milagro que lo hubiese hecho, si se considera que carece de competencias para gestionar la sanidad pública, tras la transferencia de ésta a las comunidades autónomas, y la relación, más que relevante, que este problema tiene con la política presupuestaria. Las listas de espera quirúrgicas y especialmente las que se producen en las consultas y pruebas diagnósticas, amenazan con desvirtuar la eficacia clínica del sistema. Su solución demanda más recursos y una mejor gestión de los mismos. La ampliación de horarios de funcionamiento, que permita una utilización intensiva de los centros sanitarios, las dotaciones de personal necesarias para cubrir el déficit en ciertas categorías profesionales, el aumento de la actividad quirúrgica o la mejora de la atención primaria; son medidas imprescindibles para abordar el problema de las listas de espera. Pero la mayoría de ellas cuesta dinero. ¿Estamos dispuestos a aumentar el gasto sanitario y, sobre todo, podemos hacerlo? En los últimos años la economía española experimentó un importante crecimiento, con un aumento efectivo de la presión fiscal y, sin embargo, seguimos lejos de la convergencia sanitaria. Ocupamos el duodécimo lugar de la UE en gasto sanitario por habitante, y nuestro gasto sanitario público, excluyendo el farmacéutico, se sitúa en penúltimo lugar de Europa. Claro que podemos y debemos aumentar los recursos sanitarios. Mención especial merece el sistemático incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y la negativa influencia de este hecho sobre la eficiencia del sistema. Son demasiados los profesionales que permiten el crecimiento artificial de las listas de espera, obligando a los ciudadanos a buscar solución en la privada, en la que, casualmente, esos mismos profesionales trabajan (en muchos casos ilegalmente) por las tardes. Comprenderá Ana Pastor que, al omitir toda referencia a estas cuestiones, reduce su discurso a insoportable retórica electoralista. Como mucho, a un desiderátum.