NO SOY jurista, ni menos constitucionalista, pero ciertos hechos del Tribunal Constitucional (Rumasa, Batasuna, Testigos de Jehová), más bien parecen una debilidad del imperio de la ley y del estado de derecho que una garantía de la libertad, y dan la razón a quienes sostienen que es un error su mera existencia, transformada en una especie de tercera instancia o recasación del menoscabado Tribunal Supremo. Aparte del evidente conflicto institucional que tendrá que dirimir quien sepa y pueda, hay un aspecto que es el de la libre opinión. Desde este punto de vista, la reciente decisión sobre el desgraciado asunto del niño dejado morir por sus padres por razones religiosas, con todos mis respetos, parece un grave despropósito que contribuye a favorecer la desobediencia de la legalidad. La ley debe ser una garantía para la convivencia en paz: dejar que el mundo de lo numinoso, lo inefable, lo particular o sectariamente sagrado, se convierta en patente de impunidad para vulnerarla, nos aboca a una situación insostenible a largo plazo. Ya los ilustrados defendían que la Moral universal debía promover la felicidad y basarse en la Razón; aún más las leyes. Cierta progresía española, que muestra menos fundamento que los platos de Arguiñano, parece pensar que todas las costumbres o doctrinas religiosas son iguales. Quizás porque en España la Ilustración y la Masonería no han podido realizar como en otros países su labor educativa de formar ciudadanos con criterios laicos y humanistas, y una vez separados de la hasta ahora imperante moral católica, al parecer consideran igualmente respetable oír misas o novenas, o celebrar el sábado, que extirpar clítoris, violar a la hermana de un reo de amores incorrectos, lapidar adúlteros o llamar a la guerra santa. O dejar morir a un niño. La impunidad crece; ¡que Alá nos coja confesados!