ES PREVISIBLE que a corto plazo, incluso en la actual legislatura de las Cortes Generales, se apruebe el Pacto Local, a instancias del Gobierno central. El resultado ha de ser que, mediante la transferencia de competencias de las autonomías, y de los consiguientes recursos, los ayuntamientos eleven su participación en los presupuestos públicos del Estado. El otro pacto que tardará más en llegar es el que tendrían que suscribir las corporaciones locales con los ciudadanos. Con un doble objetivo: parar el endeudamiento desaforado en que están empeñadas y dedicarse a su tarea y no a otras historias. En el primer caso, en los últimos años hemos asistido a operaciones de tabla rasa para superar la penosa situación financiera de los ayuntamientos, pensando que serían las últimas. En el segundo, somos testigos de una politización de los entes locales, que se utilizan como plataformas para fustigar a otras administraciones, reclamando la consecución de algo que no logran en esas instancias por los votos. Planteamiento que recuerda al franquismo, cuando valía todo para luchar contra la dictadura: desde la sublevación de los colegios profesionales hasta los encierros en iglesias. Hoy, con una democracia en pleno vigor, la dictadura más próxima está en Marruecos, a ratos alimentada con perejil y en ocasiones a palo seco. Buen número de corporaciones pierden el tiempo debatiendo sobre el sexo de los ángeles o la exigencia de una infraestructura supramunicipal. Probablemente, los mismos que así reclaman pondrían el grito en el cielo para la defensa de la sacrosanta autonomía municipal, si alguien intentara inmiscuirse en su programación. Se meten en todos los charcos olvidando que lo primero, cuando uno se sitúa en tal lugar, es sanear y pavimentar la zona. Porque frecuentemente, exigen de los demás pero tienen su tarea a medio hacer.