El enema sindical (huelgativa) y la pasión coreana apagaron el eco de una noticia esperanzadora: el Tribunal Supremo estadounidense, revocando su decisión de 1989, ha declarado inconstitucional la ejecución de disminuidos psíquicos convictos de asesinato. Otro gran viaje que empieza por un paso atrás. La democracia americana, admirable por tantos renglones, falla lastimosamente en el apartado capital del compromiso con los derechos humanos: la abolición de la pena de muerte, vigente en 38 de sus 50 estados, en 20 de los cuales se aplica incluso a los retrasados mentales. Las diferencias culturales no bastan a una sensibilidad moral de corte humanista para justificar la complacencia mayoritaria del yanqui con una forma de castigo repugnante y reservado casi siempre a los marginados. Desde una perspectiva ética, la pena de muerte no encuentra fundamento sólido: legaliza la venganza y la crueldad, no sirve para recuperar el bien perdido y carece de virtudes disuasorias. Si a la perversidad intrínseca e ineficacia práctica se añade que los errores de aplicación son irreversibles, su continuidad airea la quiebra básica de un ordenamiento jurídico que atiende más a presiones sociológicas que a levantar los raseros de la decencia colectiva. Su popularidad en EE UU tal vez bajara si al menos el conjunto del cristianismo predicara su ilicitud moral. Es escandalosa la rudeza de espíritu de los cristianos partidarios de la pena capital, la misma que padeció el Justo al que dicen imitar. Y es cinismo ideológico compaginar intrépida defensa de embriones y nacederos con silencio dubitativo ante el apiolamiento de adultos. Habíamos quedado en que toda vida era inviolable. La decisión lleva un mensaje útil a la sociedad americana, ahora atenazada por el miedo: llenar el limbo de deficientes mentales no aumenta la seguridad en casa e incapacita para hablar fuera de derechos humanos. A los tres jueces de la minoría se les bajaron las persianas.