España se ha vestido de domingo y de huelga. Cientos de miles de trabajadores cerraron empresas y se manifestaron en defensa de unas demandas legítimas. Mas allá de la polémica sobre los datos de participación en la convocatoria de ayer, lo cierto es que nuestra sociedad aprende progresivamente a discrepar y a defender intereses contradictorios sin violencia, lo que reafirma nuestra mayoría de edad como sociedad democrática. Podemos pedirle ahora al Gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que cambie de actitud, que gire hacia la realidad, y que inicie un diálogo efectivo con todas las organizaciones sindicales que han asumido la responsabilidad de convocar una huelga general pacífica y ciudadana. Parece oportuno recordarle a los responsables políticos del PP que la democracia se refuerza cuando se ejercita y que incrementa su legitimidad de acuerdo con el deseo y la voluntad de los españoles que no pueden ser forzados o amenazados en ningún sentido. El 20-J se ha desarrollado con serenidad y los conflictos han sido mínimos alejando cualquier alarma injustificada que tiene que ver con etapas de nuestra historia pasada, afortunadamente superadas. La legitimidad que reclama el Gobierno para sí mismo, apoyado en la fuerza de las urnas y que nadie ha puesto en cuestión, es una vía de doble sentido en la medida en la que también el Ejecutivo tiene que respetar a los ciudadanos aceptando el ejercicio de unos derechos constitucionales que no dependen de la voluntad de los gobernantes. Y ahora, ¿qué? Las primeras reacciones de miembros cualificados del Gobierno no permiten ser muy optimistas. El vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, ha pretendido desviar el sentido de lo ocurrido cargando la suerte contra el PSOE. Si el PSOE ha cometido o no el «mayor error de los últimos veinte años» por apoyar o comprender las razones de la convocatoria, no es relevante a los efectos de conocer la conducta del propio Gobierno. Lo que necesitamos saber es si desde La Moncloa se va a convocar a los sindicatos en los próximos días. Todo lo demás, es insultar nuestra inteligencia colectiva. La conducta de la izquierda política, irreprochable desde mi punto de vista, será juzgada por sus militantes o por los votantes cuando corresponda a través de las urnas. Los responsables sindicales, en sus primeras manifestaciones públicas, han dejado abierta la puerta para negociar el texto del decreto-ley en el trámite parlamentario. ¿Está dispuesto el Ejecutivo a responder favorablemente? Mientras, conviene recordarle a Aznar que tenemos otros derechos colectivos. Y entre ellos, el de «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación», y, especialmente, a través «de los medios de comunicación social dependientes del Estado». El comportamiento de TVE durante la jornada de ayer y en los días previos ha causado sonrojo y es inaceptable. La actitud de los responsables de los servicios informativos resulta ajena al respeto que nos deben a los ciudadanos.