Las huelgas, como las armas, las carga el diablo. Y el diablo ha empezado a cargar la próxima huelga general. Un documento sin padre reconocido, pero muy parecido al Gobierno, pone la munición: el decretazo de reforma laboral permitirá eliminar de las listas del paro a 200.000 personas. No es que esos ciudadanos vayan a encontrar empleo. Es que van a ser depurados . Que trabajen o no es lo menos importante para el Gobierno. Lo importante es que no cuenten como parados. Como eso supone un ahorro, hay quien lo ha cuantificado: las arcas públicas ahorrarán 680 millones de euros. No es mucho en el conjunto de cuentas del Estado, pero suficiente para pagar, por ejemplo, las primas de jugadores de la selección si ganan el Mundial. Los defensores del d éficit cero pueden sentirse felices: los parados contribuirán al objetivo de cuadrar las cuentas públicas: basta con salir de las listas del Inem. No entiendo, por tanto, por qué los portavoces del Gobierno, empezando por su presidente, se empeñan en decir que no hay recorte de prestaciones. De una forma o de otra, lo tiene que haber. De lo contrario, ¿qué sentido tendría la reforma? ¿Qué sentido tendría pagar el precio de una huelga general a cambio de nada? Un decreto de este calibre tiene un objetivo ético: movilizar los parados a trabajar. Y tiene los beneficios mencionados. ¿Hay algo más natural? No. Sin embargo, se niegan. ¿Por qué? No creo que sea porque resulte vergonzante depurar las listas del Inem. Se niegan porque, en el fondo, los gobernantes no creen en este país ni en su capacidad de análisis. Y así ocurre que un dato elemental, de previsión de disminución del paro, se oculta como un secreto de estado. Y claro: cuando se descubre, se convierte en un escándalo. Puede ser el gran dato para calentar la huelga general.