ILEGALIZACIÓN

La salida de la larga dictadura franquista, la transición, fue especialmente integradora con todas aquellas actitudes y partidos que por su extremismo podían poner en peligro la propia existencia del sistema democrático. Parecía que lo más útil era que participaran en las instituciones como fórmula para que acabasen siendo parte de ellas. Eso es lo que ocurrió con Batasuna. Sin perjuicio de ello, todo el mundo supo que la coalición vasca era ¿es¿ el brazo político de una organización terrorista, con lo que no sólo se identificaba en sus objetivos, sino en un constante trasvase de personas y complicidades. La distinción entre una y otra sólo era ¿es¿ la representación de papeles diferentes dentro de una trama única. Y si bien es cierto que dentro del brazo político hay muchas persona que no están dispuestas a coger las armas, no lo es menos que su militancia en Batasuna supone en cualquier caso una actitud amparadora e instigadora de la violencia de la banda terrorista. Desgraciadamente la táctica prevista no ha funcionado. La convivencia dentro del sistema democrático con Batasuna no la ha contagiado de nada positivo, ni ha logrado responsabilizarla, ni supone freno alguno a la banda. Al contrario, ésta se vale de su legalidad para avanzar en la violencia y servir de altavoz de sus objetivos. Por eso a nadie puede extrañar el cambio de actitud de las organizaciones democráticas y de los demócratas al propender la ilegalización de Batasuna, sin perjuicio de reconocer que no se trata de una decisión neutra pues no cabe duda que plantea incertidumbres sobre su coste. Podríamos, pues, decir que la decisión es inevitable ¿no se puede tener en casa a quien nos insulta y nos mata¿, pero no exenta de riesgos. La cuestión que puntualmente se plantea es sin embargo otra: quién puede instar la ilegalización. Sobre eso los partidos se han enzarzado en una agria discusión. Sentido común En mi opinión las cosas deben hacerse con sentido común, sin desbordar los cauces de lo instituido y sin protagonismos. En ese sentido, el fiscal parece la figura acorde, como defensor de la legalidad, para instar lo que crea oportuno. El dejarlo en manos de diputados o senadores no forma parte de la función de los mismos, ni aporta nada necesario a la finalidad que se persigue. Es más, pudieran darse lecturas tales como que unos partidos instan la ilegalización de otros a causa de intereses espurios. Lo más relevante es que en la lucha contra ETA y su brazo político, no perdamos los papeles ni los modos. Y para ese papel, nadie como el fiscal, que por mandato legal tiene la obligación de defender la Ley.

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