ANXO GUERREIRO
27 mar 2002 . Actualizado a las 06:00 h.El congreso del Partido Socialista de Euskadi ha puesto de manifiesto un hecho incuestionable: en España existe un firme y unánime rechazo al terrorismo, pero persisten importantes diferencias sobre cuál es la estrategia más adecuada en la lucha contra ETA. El Partido Popular, ignorando los cambios que se vienen produciendo en el nacionalismo democrático tras las últimas elecciones, mantiene inamovible su política, que consiste esencialmente en atizar la confrontación entre nacionalistas y no nacionalistas, lo que conduce al agravamiento del cisma existente en la sociedad vasca y dificulta el aislamiento del entorno violento. Por su parte el Partido Socialista aspira a sustituir esa confrontación por la que enfrenta a demócratas con terroristas (o fascistas), para lo cual considera esencial la recuperación de la política de unidad democrática y la vuelta del PNV a dicha política, sin que esto suponga concesiones en el terreno de los principios ni renuncia a construir una alternativa al nacionalismo en el País Vasco, del mismo modo que el pacto antiterrorista suscrito por los dos grandes partidos españoles no significa que el PSOE desista de su objetivo de ser alternativa de gobierno al PP, ¿o sí?. En las últimas semanas estas diferencias han adquirido dimensión pública y están creando una situación insostenible en la que la política antiterrorista, en vez de ser el elemento básico del consenso democrático, se está convirtiendo en el eje de la controversia y de las disputas partidarias. En un país, como el nuestro, en el que existe una insoportable presencia terrorista, el Gobierno tiene la obligación política y moral de desplegar una estrategia y mostrar un talante que, lejos de dividir a la población, permita que el conjunto de la ciudadanía, tanto los que lo votan como los que no lo hacen, pueda apoyarlo activamente en la lucha contra el terror. Pues bien, en diversos sectores sociales se ha instalado la sospecha que el PP supedita la eficacia de la lucha antiterrorista a sus intereses partidistas y que, aprovechando la lógica indignación que la acción de ETA produce en los ciudadanos, pretende subordinar al resto de las fuerzas democráticas a su estrategia política y electoral. La negativa de Aznar a entrevistarse con Zapatero, la grosera interferencia del PP en el congreso de los socialistas vascos, las declaraciones de Mayor Oreja e Iturgaiz autoproclamándose única alternativa al PNV y Batasuna, no hacen sino propagar aquella sospecha entre un número creciente de ciudadanos y socavar la credibilidad del Gobierno, imprescindible en esta vital cuestión. También es creciente el número de personas que empiezan a hacerse preguntas, tales como las siguientes: ¿Tiene sentido estigmatizar al PNV y poner obstáculos artificiales que impidan su retorno a la política de unidad democrática?, ¿ es eficaz una política que margina al Gobierno Vasco?, ¿ puede la posible ilegalización de Batasuna interrumpir el proceso abierto en las últimas elecciones vascas, en las que el brazo político del terrorismo perdió la mitad de sus escaños y vio reducida drásticamente su base social, abriéndose así el camino de su marginación?, ¿puede esta medida producir efectos contrarios a los deseados, reagrupando al entorno radical en torno a Batasuna y a los ultras instalados en el bunker ? A todas estas preguntas deberá dar respuesta argumentada el Gobierno, si quiere fortalecer el consenso político y social contra ETA y evitar caer bajo sospecha.