DELIA BLANCO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO
25 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.El 23 de enero la actual Ley de Extranjería cumplió su primer año en vigor. El Gobierno justificó su aprobación por la necesidad de corregir el tan criticado efecto llamada que en su opinión provocaba la Ley Orgánica 4/2000 (aprobada al final de la anterior legislatura con la oposición del PP), al tiempo que vaticinó que la Ley Orgánica 8/2000 lograría regular la entrada de inmigrantes y frenaría la denominada inmigración ilegal. Con estos argumentos el Ejecutivo no dudó en aprobar una norma que negaba a los extranjeros sin permiso para residir en nuestro país derechos fundamentales tan vitales como los de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga y, además, introdujo algunas exigencias que dificultan aún más la solicitud del derecho de asilo. El PP desoyó el clamor social que demandaba correcciones en la ley para reconocer estos derechos, de acuerdo a lo que establece el artículo 10.1 de nuestra Constitución. La nueva Ley de Extranjería no ha solucionado ninguno de los problemas de la inmigración. La política del Gobierno continúa girando en torno a la aprobación de unos cupos diseñados además para impedir la regularización de todos los extranjeros que ya viven en España. Muy pronto la realidad desmintió los cálculos del Gobierno: entre el 23 de enero y el 20 de junio del año pasado 3.820 inmigrantes fueron detenidos en Canarias y en nuestras costas del Estrecho, un 9,5% más que en el mismo periodo del 2000, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Y en los ocho primeros meses del 2001 fueron detenidos el mismo número de inmigrantes que en el 2000. Evidentemente, la Ley 4/2000 no era la responsable del constante aumento de los flujos migratorios hacia nuestro país. Las causas son otras: la brecha abismal y creciente entre el enriquecido Primer Mundo y la miseria de la mayor parte de los habitantes del Tercer Mundo, las catástrofes naturales, las guerras, el desinterés de los gobiernos, en muchos casos dictatoriales o autoritarios de los países de origen, la existencia de redes de tráfico de personas, las necesidades de mano de obra barata y sin derechos de la economía sumergida de los países ricos... La situación geográfica y el desarrollo económico de España en las dos últimas décadas también contribuyen a explicar el aumento significativo de la llegada de inmigrantes. Ahora bien, en ningún caso puede hablarse de una avalancha de inmigrantes, porque casi todos los países de la Unión Europea tienen un mayor porcentaje de población extranjera y además todavía hay más compatriotas nuestros viviendo en otros países (más de medio millón sólo en América Latina) que extranjeros entre nosotros; pese a ello, una parte muy significativa de la población considera que aquí hay muchos o, peor aún, demasiados inmigrantes. Los informes de Naciones Unidas advierten de que nuestro país, que según todas las previsiones tendrá la media de edad más elevada del mundo en el 2050, deberá acoger a cuatro millones de inmigrantes en los próximos veinte años y a doce millones en el próximo medio siglo (es decir, una media anual cercana a los 300.000, frente al actual cupo anual oficial de 30.000) si pretendemos mantener el equilibrio entre trabajadores en activo y jubilados. Por tanto, aunque sólo fuera por egoísmo, tenemos que poner en marcha políticas de inmigración más generosas. Debemos concebir este fenómeno como un hecho positivo, como una posibilidad de enriquecimiento social, cultural y económico mutuo. Desde CEAR apostamos por una política positiva, activa, reguladora del flujo migratorio según la capacidad de nuestro país, que debe ser medida con criterios de necesidad y de solidaridad. Pero esto requiere que el Gobierno rectifique las líneas maestras de su política de inmigración y acepte las necesarias modificaciones de la Ley 8/2000 sugeridas en su día por centenares de organizaciones, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.