JOSÉ RAMÓN AMOR PAN
10 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La señora Perruche estaba embarazada y su otra hija había contraído la rubéola, por lo que fue al médico para ver si se había contagiado: en caso positivo el feto se vería gravemente afectado y ella abortaría. El médico concluyó que no padecía la enfermedad, por lo que la mujer llevó a término el embarazo y dio a luz a Nicolás, que nació con severos trastornos. Los padres demandaron a los responsables del error médico y obtuvieron una indemnización por los perjuicios que les habían causado. Más tarde presentaron otra demanda en nombre de su hijo, es decir, pedían que se reconociese a Nicolás como perjudicado por el error que permitió que naciera. Los jueces franceses les dieron la razón, argumentando que puesto que los fallos médicos impidieron a la mujer ejercitar la opción de abortar para evitar el nacimiento de un niño minusválido, éste puede demandar la reparación del perjuicio que resulta de su minusvalía, lo que se interpreta como el reconocimiento del derecho a no nacer. Es decir, la ausencia de aborto de un niño minusválido es implícitamente una falta culpable. En otro caso, un conductor borracho choca con el coche en el que va una embarazada de seis meses, con el resultado de muerte del feto. Según los jueces, no habría pasado nada porque sólo los nacidos pueden ser víctimas de un homicidio. El niño, por consiguiente, no existía para las leyes. Pero, entonces, ¿a quién corresponden las imágenes ecográficas que con tanto cariño ven los padres? ¿A quién se dirigen los cuidados de la medicina fetal que considera el feto como un paciente y, por tanto, como un ser vivo acreedor del derecho a la asistencia sanitaria? Hoy la medicina fetal nos permite salvar a prematuros de 24 semanas y menos de 500 gramos de peso: el feto existe y es objeto de cuidados. Exigencias inabordables La receptividad ética de la Humanidad se afina para ciertos temas, pero disminuye para otros y la creciente intolerancia hacia una menor calidad de vida es un ejemplo inquietante de ello. El reconocimiento de un derecho del niño a no nacer en ciertas condiciones es discutible en el plano jurídico, inútil para asegurar el futuro material de las personas que sufren una minusvalía congénita y rechazable sobre el plano ético. Pero, además, esta lógica conduce a una medicina defensiva que va a deteriorar de manera notoria el sistema de salud, al exigir una certeza y una evidencia a todas luces imposibles de alcanzar por la ciencia.