ENRIQUE CURIEL
01 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Bienvenida sea la reunión que celebrarán mañana los responsables de los departamentos de seguridad de los gobiernos de Madrid y Vitoria. El temor a la nueva ofensiva de ETA durante el mes de agosto demandaba la inaplazable coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza. La llegada de Mariano Rajoy al Ministerio del Interior ha sido una buena noticia para todos y ha facilitado la comunicación entre ambas administraciones. No podíamos esperar mucho más del encuentro entre Aznar e Ibarretxe. Al menos, que no es poco, se ha recuperado la relación institucional y se han cuidado las formas en las expresiones públicas posteriores a la entrevista. En realidad, se ha abierto un compás de espera hasta el otoño, cuando se celebre el debate parlamentario en Vitoria que deberá aclarar las posiciones de cada formación política tras las elecciones del 13 de mayo. Mientras tanto, PP y PNV se observan con desconfianza al tiempo que ETA administra los atentados y asesina para castigar a unos, a otros o a todos, incluida la Etrzaintza. ¿Es suficiente el resultado del encuentro de La Moncloa? Ciertamente no. En la reunión, cada parte ha hecho un resumen de su posición táctica a la espera del movimiento que haga el contrario. Así es difícil enviar un mensaje de esperanza a los ciudadanos, que perciben una sensación de bloqueo mientras la dimensión de la crisis política en Euskadi se agrava. El diálogo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para buscar salidas y soluciones sin exigirle al contrario lo que sabemos que no podrá asumir. Por ejemplo, pedirle al PNV que aplace su interpretación de los derechos históricos hasta que desaparezca la violencia es una contradicción en los términos, en la medida en que el PNV entiende que sin solucionar el problema político pendiente no se podrá abordar la superación de la violencia. Además, resultaría un regalo inesperado para ETA, que se convertiría en representante solitaria y única de la reivindicación nacionalista. Por el contrario, es razonable demandar de Ibarretxe mayor claridad en su actitud en relación con el Estado. Afirmar al tiempo que el Estatuto «ha dejado de ser el punto de encuentro» y simultáneamente demandar su estricto cumplimiento, no parece aceptable. Por su parte, el PNV deberá comprender que el Estado no puede ignorar su propia legalidad ni dimitir de sus obligaciones y que el Gobierno central tiene que cumplir esa legalidad. Pero las disposiciones adicionales de la Constitución y del Estatuto son parte del texto constitucional y permiten su interpretación. Esa es la gran cuestión y el reto de Aznar.