XAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO
26 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación de los salarios de los funcionarios en 1997, ha provocado un torrente de respuestas y reacciones gubernamentales que no tienen desperdicio. Naturalmente, unas declaraciones son más desafortunadas que otras, pero comprendemos cuan difícil es razonar en contextos de susto o de ira. En todo caso, algún comentario merece las declaraciones de Cristóbal Montoro a la sazón ministro de Hacienda. Dice la prensa que dijo el ministro: «Sea cual sea la cifra que resulte... el dinero tendrá que salir de los contribuyentes vía impuestos», para añadir con rotundidad: «Van a ser los trabajadores españoles los que acabarán pagando esa cifra». En principio el gasto público se puede financiar de varias maneras: a) aumentando los impuestos; b) reduciendo otros gastos; c) aumentando la deuda, y d) vendiendo patrimonio. Descontadas las alternativas c) y d), porque no financian gastos corrientes, queda el aumento impositivo y la reducción de otros gastos. Pero, ¿qué otros gastos se pueden reducir?, ¿sanidad?, ¿educación?, ¿infraestructuras?, ¿I+D?, ¿defensa con ejército profesional? ¿policía y seguridad ciudadana? El ejecutivo se hizo esa pregunta en 1997 y los funcionarios acabaron siendo el chivo expiatorio. La dimensión del coste que soportaron se visibiliza ahora al cuantificar la reclamación. Por eso quiebran tantas ilusiones. Con menos impuestos y menos déficit, difícilmente se pueden prometer más autovías, más aves, más pensiones, más gasto social, más.... Si el ministro dice que va a subir los impuestos para que los funcionarios estén donde estaban en 1996, quizá no sea muy consciente de que está reconociendo el fracaso de sus políticas fiscales. El coste de la sentencia El otro aspecto a comentar hace referencia a la afirmación de que serán los trabajadores quienes soporten finalmente el coste de la sentencia. ¡Qué imprudencia! Porque algunos ya sabemos como crece la imposición indirecta, que el IRPF es casi un impuesto sobre el trabajo, que se fugan las rentas y ganancias de capital y que en ocasiones los beneficios fiscales quiebran la equidad. Pero que el ministro lo diga públicamente, aunque sea en forma de amenaza, no deja de ser una imprudencia... para la continuidad del propio ministro.