Las smart cities representan una de las transformaciones urbanas más ambiciosas del siglo XXI. En Europa, donde más del 75 % de la población vive en zonas urbanas, el desarrollo de estas ciudades no solo responde a una necesidad tecnológica, sino también a una urgencia climática, social y económica. La UE ha asumido un papel protagonista en esta evolución impulsando políticas, inversiones y marcos legales para acelerar la transición hacia urbes más sostenibles, inclusivas y resilientes.
Pero aunque el potencial es enorme, las ciudades europeas enfrentan desafíos muy importantes. Por un lado, solucionar la fragmentación tecnológica, pues muchas de ellas carecen de una infraestructura digital integrada, es decir, la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas sigue siendo limitada, lo que dificulta la escalabilidad de soluciones. Por otro, los riesgos que conlleva una vigilancia excesiva y el uso indebido de la información personal cuando se produce el despliegue masivo de sensores, cámaras y sistemas de recolección de datos. Además, la creciente digitalización puede excluir a ciertos grupos sociales. La transformación urbana requiere una colaboración estrecha entre gobiernos locales, nacionales y europeos, y esto es algo que no siempre se logra de forma eficiente. Y a todo ello se suma que, aunque existen fondos europeos, muchas ciudades pequeñas y medianas tienen dificultades para acceder a ellos o para cofinanciar proyectos.
La implementación de una ciudad inteligente comienza en el ámbito local, cuando los gobiernos municipales se comprometen financiera, técnica y éticamente con el desarrollo de proyectos que transformen la vida urbana. Este compromiso no solo implica inversiones en infraestructura digital, sino también una inmersión conceptual en lo que significa ser una ciudad inteligente: eficiencia, equidad, sostenibilidad y gobernanza abierta. En este contexto, la implicación política se vuelve crucial.