La economía de Puerto Rico ve la luz al final del túnel

Héctor Estepa

MERCADOS

Thais Llorca

Cinco años después de declararse en bancarrota, debido a las prácticas corruptas y la mala gestión, la isla ha logrado adelgazar y reestructurar su deuda a cambio de ajustes

13 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Una jueza federal de EE.UU. dio a mediados de enero su visto bueno al acuerdo de reestructuración de deuda de la isla, que va acompañado de un plan de ajuste, elaborado en el último lustro por la Junta de Supervisión Fiscal, una suerte de Troika caribeña, que llegó a la capital, San Juan, tras ser designada por Washington para poner en orden las finanzas puertorriqueñas.

«Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico», advirtió el equipo cuando conoció la decisión judicial. La isla caribeña es un Estado Libre Asociado a EE.UU., es decir, un territorio, aunque sin rango de Estado, y por eso las decisiones más trascendentales las toman jueces y políticos norteamericanos.

Puerto Rico comunicó en el 2015 que no podría pagar su deuda, cifrada en 70.000 millones de dólares después de una década de contracción económica, por una mezcla de deficiente administración, corrupción, una salida masiva de la población hacia ciudades estadounidenses, y la emisión masiva de deuda para cubrir gastos en ese contexto.

Fue decisiva en la crisis la decisión tomada en 1996 por el ex presidente Bill Clinton de acabar, en el plazo de diez años, con los incentivos fiscales que las empresas estadounidenses disfrutaban en la isla. Aquello hundió sectores como la manufactura.

Puerto Rico se acogió en 2017 a la ley de quiebra de EE.UU. El mismo año la isla sufrió la embestida del huracán María, que volvió a golpear profundamente a la población y la economía, dejando a parte de los ciudadanos sin electricidad durante meses. La pandemia supuso otro nuevo revés para el territorio, y paralizó una de sus industrias más relevantes, como es el turismo. Ahora el Estado Libre Asociado ha logrado reducir 33.000 millones de dólares a 7.000 millones de dólares a través de bonos, lo que supone la mayor reestructuración de deuda municipal en la historia de EE.UU.

Los pagos anuales de la deuda pasarán de 3.900 millones de dólares anuales a 1.500 millones, un importe mucho más asumible. A cambio, el país se ha comprometido a hacer ajustes, después de unas duras negociaciones no exentas de grandes tensiones. De hecho, todo estuvo a punto de irse al traste por la negativa de los gobernantes isleños a reducir las pensiones de los empleados públicos. Finalmente, no bajarán, aunque las salarios de trabajadores como los maestros y jueces no se actualizarán de acuerdo a la inflación, ni crecerán a futuro.

El acuerdo sí ha permitido aumentar el salario de los funcionarios, congelados por lustros en algunos sectores. Maestros, bomberos y empleados de centros penitenciarios, entre otros trabajadores, han visto mejoradas sus retribuciones.

«Estamos ante un momento trascendental en el que el Gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con el proceso de quiebra y así concentrarse en lograr regresar al progreso que nuestra gente espera y merece», señaló el gobernador, Pedro Pierluisi, cuya formación política está adscrita al Partido Demócrata estadounidense. La llegada de la Junta a la isla desencadenó fuertes protestas de la población. Parte de los puertorriqueños todavía rechazan su presencia, que continuará hasta que el territorio registre cuatro años consecutivos de equilibrios fiscal en sus cuentas públicas.

Las autoridades esperan volver a los mercados en un futuro y también que la mejora de las perspectivas logre atraer inversiones. Cumplir las expectativas dependerá de si la isla es capaz de no repetir los errores del pasado, aunque los ciudadanos advierten que la corrupción sigue muy instaurada en la gestión pública de Puerto Rico.