La oportunidad es de oro. Para países como España, los programas extraordinarios de fondos aprobados por las autoridades europeas -quizá los más ambiciosos nunca conocidos- abren un camino para la transformación económica a gran escala, en la dirección que marcan los tiempos. Es decir, hacia una amplia digitalización y la adaptación medioambiental. Hablamos del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que avanzará a través de dos vías: el Marco Financiero Plurianual y el nuevo fondo NextGeneration (el de los 750.000 millones de euros).
A través de estos programas, en los próximos años (cinco en el caso del NextGen) se va a proceder a una gran intensificación de los procesos inversores en sectores de futuro en el conjunto del continente. En el caso de España, los 140.000 millones asignados podrían tener un enorme impacto dinamizador sobre la economía en una perspectiva de largo plazo, para lo que es fundamental que los proyectos seleccionados incorporen un efecto multiplicador positivo. Pero ya en lo más inmediato, de cara al próximo lustro, ese gasto adicional podría traer crecimientos adicionales del PIB de entre un 2 y un 3 %. La cosa no es de broma.
Sin embargo, tras la euforia con la que fue acogida el difícil parto de esos programas, ahora se extiende la preocupación por si sabremos usarlos convenientemente…o acabaremos por desaprovecharlos. Los motivos para esa preocupación son fundamentalmente dos. El primero surge de repasar la experiencia gestora de nuestras administraciones. Concretamente, en relación con los fondos europeos, en el 2019 España era uno de los países de la UE que más se retrasaba en las tareas de seleccionar, certificar y ejecutar los fondos. Para esto último estaba entre las últimas cinco posiciones, acumulando más de 130 días entre la recepción de la última oferta y la resolución del contrato. Esos malos datos justifican inquietudes como la que expresaba un manifiesto reciente de algunos importantes especialistas: «Tenemos un sector público más preparado para seguir pautas establecidas que para manejar entornos de cambio y disrupción tecnológica que obligan a gestionar innovación, y que requieren que esta innovación se haga de forma transparente y abierta al escrutinio social». En esas condiciones, ¿seremos capaces de gestionar eficazmente ese gran esfuerzo inversor? Más nos vale que así sea.
El segundo motivo para un cierto desasosiego es comprobar que sobre la distribución y el uso de los fondos dentro de España se están multiplicando ya las batallas políticas. Si hay un asunto que por su importancia estratégica requiere un amplio acuerdo social y político es este. Sin embargo, la línea de discordancia parece haberse impuesto desde el primer día. Ya no solo entre las fuerzas políticas, sino también, y sobre todo, entre los territorios: comunidades autónomas e incluso municipios han comenzado la carrera para capturar mayores partes que el vecino de la tarta del nuevo maná, en muchos casos sin saber muy bien en qué los van a utilizar. Descentralizar puede ser tan bueno como mala la falta de una efectiva coordinación. El espectro de un nuevo Plan E asoma sobre lo que debiera ser gran programa de transformación sobre una base tecnológica. Con lo cual corremos efectivamente el riesgo, ya no de malbaratar muchos de esos fondos, sino sencillamente de que quien finalmente tendrá la facultad de aprobarlos -la Comisión Europea- con toda la razón los rechazará.
Sería imperdonable, pero puede efectivamente ocurrir. Al menos por una vez planifiquemos; preparemos los proyectos sobre una buena fundamentación técnica con equipos profesionalizados y alta capacidad de gestión, si no queremos que se malogre una oportunidad de las que se presentan una vez en muchas décadas.