El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene sobre la mesa tareas complejas. No solo por la incertidumbre del momento económico, sino también por los riesgos que entrañan algunas de las medidas que quiere impulsar. Derogar la reforma laboral, sin ir más lejos, podría resultar contraproducente para la evolución de las tasas de paro y erosionar la situación de perfiles vulnerables. Ajustarse a los objetivos de déficit y elevar el gasto público será otro reto inasumible sin acudir a una reforma fiscal de calado.
26 ene 2020 . Actualizado a las 05:11 h.Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con las tareas que tiene por delante el nuevo Gobierno. Una forma de evaluar su actuación política y económica es comparar el antes y el después: cómo estaban las cuentas cuando tomaron posesión y cómo las dejan al final de la legislatura, dure esta lo que dure. Hay dos terrenos en los cuales la actuación de cualquier Gobierno es decisiva: el cómo maneja las cuentas públicas y el cómo gestiona las instituciones económicas, esto es, el entramado jurídico que envuelve y regula los principales mercados, entre ellos, el mercado de trabajo. En estos dos temas la responsabilidad es del Ejecutivo en exclusiva. Empecemos por este último.
El nuevo equipo de Pedro Sánchez va a modificar la legislación laboral vigente. Hasta dónde llegue esta reforma va a ser determinante. Veamos. La reforma laboral del 2012 ha permitido una generosa creación de nuevos empleos en España. Hasta esa fecha la economía debía crecer por encima del 3 % para generar empleo neto. La modificación a la baja de las condiciones de contratación y despido de nuevos trabajadores ha facilitado que la economía española genere empleos nuevos con tasas de crecimiento solo superiores al 1 %.
Esto es lo que ha permitido, en estos últimos años, que la tasa de desempleo disminuyera por la vía de la generación de empleo. Es importante que esto siga siendo así. Las estimaciones de crecimiento para los próximos años nos están indicando que las tasas de crecimiento estarán muy cerca del 1 % anual. Si volvemos a la situación anterior al 2012, corremos el riesgo de que la creación de empleo disminuya e, incluso, que se invierta esta tendencia.
De hecho, la creación de empleo en España se ha ralentizado en estos últimos meses. Aunque puede haber un elemento estacional importante (fin del empleo de verano, por ejemplo), la bajada en el ritmo de la creación de empleo tiene que estar muy afectada por el incremento en el salario mínimo y la perspectiva de que siga aumentando en los próximos años, hasta un objetivo de 1.200 euros mensuales en catorce pagas. Para analizar esta subida en su correcta dimensión, tengamos en cuenta que hasta el 2016 el salario mínimo subía lentamente hasta alcanzar los 655,20 euros en ese año, para ubicarse en los 900 euros en el 2019, tres años más tarde y un incremento de casi un 50 % de por medio. Hasta aquí los hechos. Si la perspectiva es llegar a los 1.200 euros a finales de la legislatura, el salario mínimo ese año será el doble de lo que era en el 2013, diez años antes.
Combinación peligrosa
El retrotraer la legislación laboral a épocas anteriores al 2012, endureciendo las condiciones de contratación y despido, al mismo tiempo en que el salario mínimo ha aumentado y tiene visos de seguir haciéndolo, puede llegar a ser una combinación muy peligrosa. En España, la tasa de paro todavía alcanza un 14 % y aún hay que crear algo más de un millón de empleos nuevos para alcanzar los dos millones de parados que teníamos en el 2007, antes de que se iniciara la gran crisis.
En mi opinión, hay que llegar a este punto cuanto antes. Solamente con tasas de paro muy bajas (y en España un 10 % lo es) se puede afrontar con éxito la precariedad laboral, los bajos salarios, la rotación de la temporalidad y, si se me apura, la propia crisis demográfica. Aquí, como en tantas otras cosas, hay que ir por partes. Primero vaciamos el mercado de trabajo de desempleados y, después, afrontamos las distintas precariedades. En un lenguaje coloquial, primero cascamos los huevos y después hacemos la tortilla. Pero no al revés. Derogar ahora la reforma laboral puede tener un efecto perverso: pagarán las consecuencias, en términos de desempleo, los trabajadores menos cualificados y los de la España vacía.
El segundo eje en el cual el nuevo Gobierno va a ser evaluado es el de las finanzas públicas. Como en el asunto anterior, este tema es de responsabilidad única del Ejecutivo de turno, tenga el color que tenga. El nuevo ha anunciado que espera incrementar el gasto público más allá de los 25.000 millones de euros sin hacer aumentar el déficit, debido a una equivalente subida de impuestos. Veamos cómo están las cuentas en este asunto.
España va a cerrar el ejercicio del 2019 con un déficit superior al 3 % del PIB, superando el déficit del 2018 e incumpliendo el compromiso comunitario de dejarlo por debajo del 2 %. Y esto es muy probable que sea así. A finales de septiembre pasado el déficit había alcanzado ya el 2,8 % del PIB, situándose por encima de los 30.000 millones de euros. Al mismo tiempo, la deuda pública emitida por el Reino de España lleva un tiempo estabilizada ligeramente por debajo del cien por cien del PIB español.
El cielo protector del BCE permite que los tipos de interés de esta deuda sean negativos en los tramos más cortos (hasta diez años) y que no alcancen el 1,5 % en los tramos a treinta. Como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos sobre el déficit público, la Comisión Europea exigirá al Gobierno de España un recorte en los gastos para el presupuesto del 2020 del entorno de unos 10.000 millones de euros.
En un contexto así, el Gobierno pretende renegociar con la Comisión los límites del gasto esperando ingenuamente que esta institución se salte a la torera su propia ortodoxia. Pero, aun así, el tema es más complejo. Incrementar el gasto público vía actualización de las pensiones con el IPC, incrementar el salario de los funcionarios, desarrollar y ampliar las políticas sociales para reducir la desigualdad y las políticas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático va a significar un incremento de gasto importante.
Todos estos temas son muy relevantes e, incluso, urgentes sin duda alguna. La crítica viene del lado de cómo se van a financiar estos gastos. El incremento en el IRPF de las rentas superiores a los 130.000 euros anuales no va a ser suficiente. Incrementar el impuesto de sociedades, gravar a las empresas tecnológicas, el impuesto a las transacciones financieras, etcétera... tampoco van a significar un incremento significativo en la recaudación impositiva.
Al final, cualquier Gobierno que tenga España tendrá que darse cuenta de que la única forma de incrementar sustancialmente la recaudación fiscal pasa, inexorablemente, por aumentar el IVA y el IRPF de las rentas medianas. Y aquí es donde esta el problema. O se reforma el sistema fiscal con el consenso y las mayorías parlamentarias correspondientes, o se deja como está. Optando por esta última opción, si se quiere incrementar la recaudación de forma sustantiva no queda otra que enfrentarse directamente con las rentas de importe mediano, es decir, con el peso político y electoral de las clases medias. Ese es el problema con el que van a tener que lidiar.
Si esto efectivamente es así, si el Gobierno tiene dificultades para incrementar la recaudación en un contexto de crecimiento lento, y si sigue adelante con sus propuestas de aumentar el gasto social, no va a poder controlar el déficit público pactado con Bruselas. No lo hace ya en el ejercicio del 2019 y tampoco lo hará en los ejercicios siguientes. No sé cómo van a gestionar esta situación. Todo esto en el bien entendido de que resulta inconcebible un enfrentamiento frontal entre el Ejecutivo español y las instituciones europeas. De momento, parece que las cosas no van por ahí.