El Estado acaba de promulgar una ley que obliga a la compañía, pero también a Lyft y a DoorDash, a contratar a los conductores con los que mantienen una relación laboral
22 sep 2019 . Actualizado a las 05:14 h.California es el territorio de las grandes tecnológicas; también el de las leyes más progresistas de Estados Unidos. Como si de un terremoto se tratara, en un estado que los vive con frecuencia, esa circunstancia ha ocasionado el choque de dos placas tectónicas. En defensa de los derechos laborales, la mayoría demócrata del Congreso californiano se ha impuesto por ahora a la barra libre de Uber y Lyft, las principales empresas de viajes compartidos del país, ambas con sede en San Francisco. A partir del 1 de enero del 2020, la ley obligará a estas compañías a cambiar radicalmente su relación laboral con los conductores que ofrecen sus servicios, que pasarán de ser contratistas externos a empleados. Es decir, pasarán de carecer de protección legal a obtener derechos laborales.
La nueva ley ha sido aprobada tanto en el Senado como en el Congreso de California y ha sido firmada por el gobernador, Garin Newson, que sin embargo ha mostrado en varias ocasiones su interés en que se logre algún tipo de acuerdo intermedio. Uber y Lyft, junto al servicio de entrega de comida a domicilio DoorDash, no se rinden y ya han anunciado la inversión de 90 millones de dólares en una campaña para llevar a referendo una iniciativa que les exima de esa obligación.
Las compañías argumentan que la aplicación de la ley acabaría con la flexibilidad actual, que permite al conductor dedicar tantas horas como considere y en el horario que le parezca oportuno. Obviamente, las empresas se verían obligadas a asumir gastos que hoy eluden, como la aportación a la Seguridad Social o el seguro médico de cada empleado. Entre los conductores hay también dudas. Algunos temen que la nueva legislación acabe con la flexibilidad que muchos valoran como un aliciente para complementar ingresos o que no sea posible trabajar con Uber y Lyft de forma simultánea, como es habitual en muchos casos.
Detrás de la nueva ley se encuentra la congresista californiana Lorena González, para quien no es de recibo que Uber y Lyft «continúen cargando los costes de su negocio a los contribuyentes y a los trabajadores». La condición de los conductores como contratistas implica la ausencia de un salario mínimo, el pago de horas extras, la posibilidad de una baja laboral, el seguro de desempleo y otras protecciones. Muchos conductores se han quejado además de que las tecnológicas recortan sus ingresos sin explicación y que no tienen opción de recurrir en caso de que estas decidan bloquearles el acceso a la aplicación con la que se gestiona el servicio. La nueva ley otorga a California y a sus ciudades el derecho de demandar a las empresas, invalidando así los acuerdos de arbitraje con los que muchas de ellas se blindan de los trabajadores. Un éxito para la coalición de sindicatos que ha hecho campaña por la nueva ley. Se da la circunstancia de que solo los empleados pueden sindicarse, por lo que, hasta hoy, los conductores no podían afiliarse.
Tony West, jefe de asuntos legales de Uber, ya ha anunciado que «los conductores no serán clasificados de forma automática como empleados, ni siquiera después de enero del año que viene». Una advertencia sobre la batalla en tribunales para la que se están preparando junto a Lyft o DoorDash. Mientras, se van desvelando detalles de su propia propuesta de legislación, a caballo entre la situación actual y la recién aprobada. Según desvelaron la semana pasada, incluye un mínimo de 21 dólares la hora, además de algunas protecciones, como baja laboral pagada, para aquellos que conduzcan 20 horas o más por semana. Sin embargo, no prevé el tiempo que los trabajadores pasan buscando clientes. Propuesta insuficiente para muchos conductores, que señalan cómo nada dicen las tecnológicas del tiempo que pasan sin clientes. Aunque depende de muchos factores, algunos calculan que es el 60 % de su jornada al volante.