La eurozona sigue desnuda con los vientos de crisis soplando en contra

Los halcones del euros bloquean la garantía común de depósitos a pesar de la reducción de los en los países deudores Las economías más fuertes no quieren mutualizar peligros


Puede que las siglas EDIS no le suenen de nada. Los países de la Liga Hanseática (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Holanda, Irlanda, República Checa y Eslovaquia) han hecho esfuerzos denodados para conseguir que el sistema europeo de garantía de depósitos no llegue a ver la luz. La primera propuesta para conseguir mutualizar los riesgos en la eurozona data del 2015, en pleno estrés postraumático. Han pasado cinco presidencias rotatorias desde entonces y la medida diseñada por la Comisión Europea para evitar el acoso de los mercados a las economías más débiles en tiempos de turbulencias financieras sigue en el limbo por el rechazo frontal de los países acreedores a arrimar el hombro y garantizar los depósitos de hasta 100.000 euros de todos los europeos.

La situación es paradójica. Diecinueve países comparten moneda, reglamento, supervisor y una política monetaria común, pero no disponen de un resorte para responder ante los ataques indiscriminados de los mercados sobre las economías más débiles del euro. El EDIS está concebido como un cortafuegos que puede reducir las desventajas competitivas y las dudas sobre la efectividad y credibilidad de los diferentes sistemas de garantía de depósitos nacionales (SGD) cuando se recrudecen las tensiones.

Hace más de un año que los líderes europeos se comprometieron a culminar este tercer pilar de la unión bancaria para revestir a la eurozona de los escudos posibles antes de que una nueva crisis llame a las puertas. Pero no ha habido éxito. Llegaron a diciembre del 2018 con los deberes sin hacer y con la promesa vaga de avanzar en el debate, a pesar de que los países deudores como España, Italia, Portugal y Chipre han cumplido sus promesas de reducir los riesgos y exposición a créditos dudosos, como se les exigió.

Según cifras de la Comisión Europea en los últimos tres años se realizaron transacciones para retirar de los balances de los bancos aproximadamente unos 112.000 millones de euros en préstamos dudosos brutos (82.000 en Italia, 24.000 en Portugal y 6.000 en Chipre). La exposición a riesgos se ha reducido a la mitad desde el 2014. Pero ni estas cifras, ni la propuesta de implantar el EDIS en tres fases (reasuguro, coaseguro y seguro), ni la falta de ambición de su calendario han calmado la inquietud de cancillerías como la holandesa, que no quiere saber nada de mutualizar riesgos. Sus recurrentes zancadillas colmaron la paciencia del comisario de Economía, Pierre Moscovici, el pasado mes de junio: «La unión bancaria fue concebida con tres pilares, no dos. Los vetos en este asunto son más que lamentables», se quejó el francés, visiblemente indignado por el egoísmo de algunos gobiernos y altos funcionarios del eurogrupo. Incluso el siempre ortodoxo vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, pidió a los ministros de Finanzas de la UE que dejen de marear la perdiz y de sabotear los planes: «Adopten medidas adicionales con el fin de avanzar en su culminación» ahora que llegan tiempos difíciles para las economías del euro.

¿Qué hay del seguro de desempleo europeo? Es un proyecto que lleva varias décadas madurando a la sombra. La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro que no quiere un sistema genuinamente europeo y ya ha descafeinado la propuesta antes de tomar el bastón de mando: «Por supuesto, hay seguros de desempleo nacionales, pero un esquema de reaseguro para los shocks fuertes externos se necesita en Europa», aseguró el pasado 16 de julio, sin detallar los criterios sobre los que se apoyaría su activación. El esquema debería entrar en funcionamiento cuando las autoridades de un país se viesen desbordadas en situaciones de desempleo masivo, como le ocurrió a España durante la última crisis cuando la cifra se disparó hasta casi el 26 % de la población activa en el 2012. «El conocimiento adquirido en los últimos 16 años de la Unión Económica y Monetaria muestra que los grandes shocks no son solo posibles, también pueden tener consecuencias sociales dramáticas y que la movilidad laboral es muy limitada. Al mismo tiempo, los estabilizadores nacionales fallaron para absorber esos shocks», explican los expertos de CEPS, Miroslav Beblavý y Karolien Lenaerts, en un informe encargado por la Comisión en el que se pone de relieve la necesidad de un sistema europeo sólido y adaptado a las disparidades nacionales.

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