La sorpresiva llegada de Cristine Lagarde a la presidencia del BCE ha sido acogida con un alto grado de escepticismo o rechazo abierto por bastantes observadores. Es cierto que, según nos cuentan, nadie había pensado en ella antes de que las negociaciones a múltiples bandas para renovar todos los liderazgos europeos condujeran a un callejón sin salida: Lagarde aparece como una solución de compromiso, fruto de varias carambolas, que no parece convencer del todo a nadie.
Pero el principal motivo para la impugnación de su nombre está en su condición de exministra, alguien sin particular experiencia ni conocimiento de las complejidades de las estrategias monetarias y cuyo bagaje es el de haberse fajado en la lucha política. Hace tan solo diez años un nombramiento así resultaba sencillamente inconcebible, pues nada había más sagrado en los bancos centrales que su principio de independencia y, para demostrarlo, nunca un exgobernante debiera figurar a su cabeza. Desde entonces muchas cosas han cambiado en la vida de esos organismos y la validez de aquel principio ya no se ve de la misma manera; países como Japón han renunciado expresamente a él y en otros muchos lugares se le han puesto límites. Con todo, ante la lluvia de críticas a Lagarde por su pasado político, habría que recordar que un buen número de gobernadores de bancos centrales -entre ellos el propio Mario Draghi- accedieron a sus cargos directamente desde puestos de dirección en grandes bancos de inversión; lo cual tal vez garantice un alto grado de independencia respecto al poder político… pero no tanto en relación con el sector que más directamente debieran regular: el de las altas finanzas.
En cuanto a lo que más importa, la política que seguirá a partir de ahora el BCE, todo indica una línea de continuidad, si bien habrá que ver con el conjunto de su consejo de gobierno, también en pleno proceso de renovación (dos tercios antes de fin de año). La solución Lagarde ha cerrado el paso a lo que podía haber sido un desastre mayor, en particular para países como el nuestro: la llegada, que en algún momento pareció muy posible, de un halcón como el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, firme partidario de acabar por la vía rápida con la política de estímulos puesta en marcha por el equipo de Draghi, regresando a la vieja y dogmática cantinela del «fijar la credibilidad antiinflacionista del banco central» como único objetivo. El acreditado pragmatismo de la nueva presidenta favorecerá seguramente una evolución gradual de la política monetaria, intentando combinar la retirada de buena parte de la batería de operaciones excepcionales de creación de liquidez con la presencia activa en una economía que sigue dando demasiadas muestras de desfallecimiento.
Algo que en ningún caso será fácil de conseguir, pues las condiciones de fondo a las que debe enfrentarse la actuación del eurobanco siguen siendo muy complejas. Como acaba de recordar el Instituto Bruegel en un reciente informe (Preparing for uncertainty, 3 de julio), aunque el BCE cuenta con un importante arsenal de instrumentos de gran impacto, los márgenes para su aplicación se han estrechado mucho; en particular, el recorrido posible para los tipos de interés nominales es hoy prácticamente inexistente (unos tipos que, por cierto, según se señala en ese informe, están hoy en el nivel más bajo ¡en 200 años!). En esas condiciones conviene que seamos conscientes de que la capacidad de reacción del banco central ante la siguiente recesión estará muy mermada. Con mayor o menor grado de independencia, con Lagarde o sin ella, el protagonismo del BCE estará ya lejos del que tuvo en los últimos años.