Reformar el sector público


Catedrático de Economía de la Universidade de Vigo

Entre tanta hojarasca como desde hace años acumula la retórica de las reformas, hay algunos ámbitos de la vida económica y política española que, pese a necesitar cambios importantes, siguen sin apenas experimentar transformación consistente alguna, arrastrando sus viejas inercias. En particular, si nos fijamos en el sector público, es evidente que los fuertes apremios originados durante la Gran Recesión provocaron muchos cambios, pero estos no se dispusieron en una línea coherente, sino más bien todo lo contrario: normativas dispersas, atención solo a lo inmediato, falta de una perspectiva de largo plazo. Hay en todo ello un vector de ineficacia que sin duda supone un lastre para las posibilidades de nuestra economía.

De todo eso trata un libro colectivo de publicación reciente, El sector público español: Reformas pendientes, codirigido por Alain Cuenca y Santiago Lago (Funcas, 2019), en el que ha participado un amplio grupo de economistas, juristas y politólogos. En sus diversos capítulos se pasa revista a los aspectos puramente administrativos, a problemas derivados de una compleja estructura de gobierno multinivel, las insuficiencias institucionales o el precario papel de la evaluación. Lo más valioso probablemente esté en su análisis del comportamiento de la fiscalidad en el período de crisis y la formulación de propuestas concretas de reforma.

 Suele afirmarse -y en el citado estudio se reitera- que un buen sistema tributario debiera reunir cuatro características: garantizar una tributación suficiente y estable a lo largo del tiempo; ser gestionado de una forma sencilla; impulsar el desarrollo económico; y favorecer los objetivos sociales. Pues bien, a lo largo del período 2008-2017 las urgencias del ajuste llevaron a mirar por la recaudación inmediata, pero, se dice, fueron «contraproducentes a medio y largo plazo, complicando la gestión tributaria, generando inseguridad jurídica de inversiones de toda índole y con pírricos efectos recaudatorios». Es decir, caminaron en dirección opuesta a lo que era debido. Una conclusión desoladora, que se ve agravada por la constatación de una total ruptura en el proceso de convergencia de la presión fiscal española a la media europea, que se había producido en los años de expansión.

La consecuencia es que hoy nuestro sistema fiscal es más enrevesado, y menos equitativo y suficiente de lo que era hace un par de lustros. Y sus deficiencias desde un punto de vista estrictamente técnico son más fácilmente observables. Motivos por los cuales las reformas resultan hoy mucho más necesarias que en el pasado. Las principales figuras tributarias debieran ser renovadas en profundidad. Al mismo tiempo, la jungla de exenciones y deducciones en los diferentes impuestos tendría que ser drásticamente recortada y la competencia entre administraciones para bajar impuestos (como la que se da en relación con el de sucesiones), muy restringida.

No se olvide, en todo caso, que con niveles de deuda pública próximos al 100 % del PIB -para encontrar algo parecido hay que remontarse a principios del siglo XX-, y cuando una mirada de largo alcance exige también que algunas grandes partidas de gasto (educación, innovación, sanidad) sean reactivadas, España no puede permitirse un estado de insuficiencia fiscal crónica. Por eso es especialmente preocupante que algunas fuerzas políticas lo fíen todo a una especie de subasta para ver quién es capaz de bajar más las cargas tributarias. La solución está en otra parte: en crear de una vez un sistema fiscal moderno y eficaz que se parezca mucho más a los que ya rigen en no pocos países europeos. Avanzar en esa reforma profunda e integral debiera ser una prioridad del nuevo Gobierno.

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