Aquella visión benigna e idealizadora de la actual revolución tecnológica que predominaba hace unos pocos años va quedando atrás. Ahora sabemos que junto a sus notables e indiscutibles logros trajo consigo también algunos problemas y disyuntivas de extraordinaria importancia. Entre los autores que vienen rastreando esta parte menos amable de la digitalización masiva sobresale Evgeny Morozov (véase Capitalismo Big Tech, Enclave, 2018). Entre nosotros, es de destacar el libro reciente de Albino Prada, Crítica del hipercapitalismo digital (Catarata, 2019), cuya lectura, como suele ocurrir con este autor, es muy estimulante.
Uno de esos aspectos problemáticos es el inusitado protagonismo que en la vida económica (y en la vida, en general) han alcanzado las grandes compañías tecnológicas: ya se sabe, Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple. Esa presencia desmesurada no se sostiene sobre un juego abierto y competitivo, sino, cada vez más, sobre posiciones de dominio y control monopolístico. Entre otras cosas, porque esos gigantes han ido absorbiendo todo lo que se le ponía por delante, mediante la compra de empresas más pequeñas y muy innovadoras. De modo que la estrategia de fusiones y adquisiciones ha sido un instrumento fundamental para limitar significativamente la competencia. De hecho, estas compañías solo se han encontrado con un límite a su abrasivo predominio mundial con la aparición de las grandes tecnológicas chinas -como Huawei-, apoyadas también en otro tipo de poder monopolístico (en este caso, de Estado), lo que viene a ser algo así como la horma del zapato de las primeras.
¿Qué explica que el poder de las big tech haya ido creciendo al margen de cualquier control? Sin duda lo ha favorecido el mito de los jóvenes inventores de garaje, una visión que ha perdurado durante años, permitiendo que un halo romántico se extendiera sobre sus empresas. Además, la insuficiencia de la regulación pública en este ámbito tuvo que ver con la idea interesada de que intentar controlar la innovación a través de cualquier vía es como poner puertas al viento (un argumento que, como ha afirmado Keneth Rogoff, recuerda mucho al que hace años se predicaba sobre la regulación de las finanzas, con pésimos resultados). Por si esto fuera poco, esas compañías vienen realizando una intensa y exitosa actividad de presión y cabildeo sobre los poderes políticos: solamente Google gastó más de 21 millones de dólares en lobbying en el 2018, y si se le suman Facebook y Amazon, entonces la cifra alcanzada fue de 48 millones, algo que tiene pocos precedentes.
Hablamos de un fenómeno cuyas consecuencias no se pueden ignorar. A estas alturas pocos niegan que la grave restricción a la competencia impuesta por las big tech ha debilitado la fuerza negociadora de los trabajadores y favorecido la concentración de ingresos en la economía norteamericana, impulsando, por tanto, la tendencia hacia la desigualdad; y por otro lado, como tantas veces ha ocurrido con los monopolios, el ritmo de innovación en la economía parece estar resintiéndose. No es raro que en distintos sectores académicos y políticos se empiece a observar este asunto con ojos muy críticos. En Europa proliferan los argumentos en torno a los impuestos tecnológicos. Y en Estados Unidos, donde los efectos reseñados son más visibles, la senadora y candidata presidencial Elisabeth Warren (una de las personalidades políticas más interesantes del panorama internacional) acaba de hacer una propuesta técnicamente muy bien fundamentada para dividir las grandes compañías y, a partir de ahí, regularlas de un modo estricto. Se trata de limitar un poder que se ha convertido ya en signo visible del capitalismo más depredador.