Hablar de los municipios es una insistencia. Ya por el XIX se iba y se venía, insuficiencias mediante, municipios, provincias y demás ingredientes de una estructura territorial siempre reformable, como sucede en otros países. Pero en España se ha tardado demasiado en ajustar el diseño local a la realidad postconstitucional, con quejas de los alcaldes, quienes manifestaron sentirse preteridos en relación a las comunidades autónomas. Lo cierto es que muchos de los ayuntamientos no están capacitados para hacer frente a las demandas ciudadanas, en el rural porque sufren un intenso declive demográfico y en el mundo urbano por su disfuncionalidad, con unos límites administrativos rebasados por los problemas de la ciudad real.
Quienes viven desde la empresa esta situación reclaman eficacia, pero todos sin excepción tenemos una relación inevitable con el municipio, viviendo en la carne de legítimos intereses la obsolescencia de la administración local. Entre democracia política y eficiencia hay una dialéctica que se alimenta del fraccionamiento municipal. Y si echamos una mirada a las aglomeraciones urbanas, resulta patente la necesidad de un nivel supralocal, y lo que ahora existe es incompatible con los hechos y su adecuada gestión.
Estamos, pues, ante un palmario desajuste entre el territorio institucional y el espacio funcional, con mala asignación de recursos. La sociedad contemporánea produce formas de vida en las que la movilidad es la regla, dando lugar a fuertes dependencias de los transportes en común o de los estacionamientos, por ejemplo. Y hay quien piensa en la fusión de municipios como terapia radical, pero suelen olvidarse los elevados costes de negociación, ligados a obstáculos sociológicos, más fuertes de lo que dibujos tecnocráticos parecen admitir. Sin echar en saco roto la renta de situación de los políticos, que ven amenazadas sus posiciones. Por tanto, animando las fusiones voluntarias con incentivos adecuados, no estaría fuera de lugar explorar la cooperación robusta para gestionar en común servicios públicos, una supramunicipalidad tanto más necesaria cuanto más metropolitano sea el territorio. Ello permitiría generar estructuras flexibles de gobernanza y planificación estratégica de cara a un desarrollo urbano sostenible. Ni el habitante del municipio rural, anémico financieramente, tiene posibilidad de obtener bienes y servicios adecuados, ni el residente en la ciudad es capaz, con su voto, de decidir sobre asuntos que tienen una dimensión más amplia que la de su ayuntamiento.
La recomposición municipal, para darle coherencia, debe ir hacia una mutación institucional progresiva y, a más largo plazo, culminar la identificación de los vecinos con ese nuevo ámbito relacional y decisorio. En ese aprendizaje a medio y largo plazo se siembra lo que podrá acabar siendo una sola jurisdicción. Y se puede y debe hacer con un significativo ahorro de costes, consiguiendo una mayor competitividad territorial en su conjunto. Mientras, en ausencia de decisiones valientes, la vida municipal continuará languideciendo, entre la hidalguía del que fue y la duda del que no sabe si quiere llegar a ser.