Uno de los desequilibrios macroeconómicos más significativos, graves y persistentes de la economía española es el enorme peso de la deuda externa. Cuando se abordan los problemas que trae consigo el sobreendeudamiento es frecuente la pregunta de porqué este asunto debe preocuparnos a nosotros especialmente, cuando hay países industrializados muy notables -Japón, pero también Italia o Bélgica- con niveles de deuda absoluta mayor, y que sin embargo lo soportan de un modo mucho más sosegado. La respuesta es clara: porque en el caso japonés, por ejemplo, los títulos de deuda pública están casi en su totalidad en manos de ciudadanos o empresas del propio país, en tanto que en España una buena parte de la deuda, tanto pública como privada, tiene sus acreedores en el exterior.
Este problema arranca, como tantos otros, en la fase de expansión. Con un modelo productivo en el que el crecimiento estaba muy apalancado (es decir, sostenido sobre deudas crecientes) y un acceso muy fácil a los mercados internacionales de capital, el camino de un aumento desmesurado de los niveles de deuda externa estaba asegurado: si en el 2005 apenas llegaba al billón de euros, a principios del 2010 superaba ya los 1,7 billones, una cifra ya difícilmente sostenible, sobre todo por darse en un entorno de inestabilidad financiera extrema. Los grandes saldos negativos de la balanza por cuenta corriente en aquellos años fueron la contrapartida de esa masiva importación de capital.
A partir de ahí sobrevino un proceso de intenso ajuste de la economía, uno de cuyos fines últimos era favorecer el desapalancamiento masivo, con una atención preferente al frente externo. Pues bien, transcurridos más de siete años desde entonces, todo indica que ese objetivo no ha sido alcanzado. Al contrario, los últimos datos conocidos -los del primer trimestre de este año- hablan de un nuevo récord histórico de esta variable, medida en términos absolutos: 1,911 billones de euros. Ello representa un porcentaje de 170 % del PIB, dos puntos más que a finales del 2016.
Si se observa con un mayor grado de detalle, se advertirqá: primero, que ese dato viene a romper la tendencia de los últimos dos años, en los que se registró una caída (ligerísima) de la deuda; segundo, que si lo vemos en términos netos -es decir, la llamada posición de inversión internacional del país- el saldo negativo también es importante y apenas se ha reducido en los años de crisis (de en torno al 86 % del PIB en el 2016, frente al 90 % del 2012); y tercero, que la causa del aumento está ahora, no en las administraciones públicas o el sector privado (que reducen algo su nivel de endeudamiento), sino en el Banco de España, debido a un aumento de los pasivos netos de este ante el BCE, que ha sido de casi 50.000 millones solo en un trimestre. Este último punto es la cara oscura de la actual política monetaria, basada en la compra masiva de deuda por el banco central, sin la cual, no debe olvidarse, la actual recuperación de la economía no habría tenido lugar.
Todo ello sirve para recordarnos tanto lo frágil de la situación de reactivación, dada la evidencia de que el principal problema de fondo que arrastramos sigue estando igual de vivo que al comienzo de la crisis, como las contradicciones sobre las que descansa. En todo caso, no es exagerado decir que en torno a la dimensión de la deuda externa se configura la principal debilidad -un auténtico talón de Aquiles- de la economía española.