La realidad no es halagüeña y hay que pensar en grande y a largo plazo. Desde el 2011, el saldo del brazo contributivo de la Seguridad Social es negativo. Es decir, se gasta en pensiones más de lo que se ingresa por cuotas.
14 feb 2016 . Actualizado a las 16:37 h.El Fondo de Reserva supera por poco los 20.000 millones de euros, cuando hace un lustro era de 65.000 millones. El modelo que se consolidó a partir de 1995 con la separación de los niveles contributivo y asistencial de la Seguridad Social muestra síntomas de agotamiento.
La tasa de reposición de nuestras pensiones -esto es, el porcentaje que la pensión supone en relación con el salario que se percibía en activo-, buena en términos generales, se ha incrementado hasta hace pocos años. En la actualidad, ronda el 75 % en el Régimen General. Pero ya ha entrado en curva descendente, por causa, en particular, de las dos últimas reformas de nuestro modelo -las del 2011 y del 2013-. Ahora no quiero criticarlas. Seguramente, la primera era necesaria -aunque injusta en su arquitectura interna- y la segunda no tan perentoria, pues al menos podía aplazarse.
Las presiones futuras que hay que afrontar son conocidas. El envejecimiento de la sociedad acentúa su incidencia por la circunstancia inevitable de que a partir del 2023 comienza a alcanzar la edad de jubilación la generación del baby boom. De tal modo que resulta evidente un incremento progresivo del número de pensionistas, que no decaerá en términos de ingreso de nuevos jubilados hasta alrededor del 2050. Dicho en otras palabras, durante algo más de un cuarto de siglo el sistema sufrirá una tensión de acceso de un gran contingente de personas.
Mercado de trabajo
Por otra parte, el mercado de trabajo que sostiene el sistema de la Seguridad Social en nuestro modelo de reparto sufre unas circunstancias que lo debilitan como soporte. La endémica precariedad de los contratos produce carreras profesionales quebradas con frecuentes fases de desempleo en las que las cotizaciones merman. El incremento actual de los contratos a tiempo parcial como sostén del crecimiento del empleo no contribuye al fortalecimiento de las cuentas de Seguridad Social. La apuesta decidida por un modelo productivo de bajos salarios produce cuotas muy reducidas que también erosionan el equilibrio de las cuentas. Para agravar el panorama, se ponen en marcha programas muy irresponsables de exenciones totales o parciales del deber de cotizar -tarifas planas, eliminación de la cuota patronal sobre una parte de la base de cotización u otras modalidades similares- que no reparan en sus efectos en las cuentas de la Tesorería.
El panorama es complicado y las decisiones recientes para encararlo están teñidas de falta de diálogo y de cortoplacismo. Yo acuso al Gobierno del PP de irresponsable y electoralista y tildo sus decisiones de perjudiciales para el futuro de la Seguridad Social. La última reforma con la vista puesta en el largo plazo ha sido la del 2011. La del 2013 no ha supuesto nada más que la retirada a los pensionistas del derecho a que sus prestaciones no perdieran poder adquisitivo. Y, de paso, reducir las cuantías para las nuevas, a diez años vista, en aproximadamente un 15 %. Al mismo tiempo, el Gobierno magnifica incrementos mínimos de las pensiones contributivas -solo efectivos por la época deflacionaria del IPC que vivimos- al tiempo que ha congelado desde hace un lustro el importe del Iprem, referencial para la mayoría de las prestaciones de asistencia social del sistema. Pero lo más grave es, sin duda, su decidida apuesta por un mercado de trabajo precario que, por lo que aquí respecta, no podría soportar, de consolidarse, el modelo de pensiones tal y como hoy lo concebimos. Sin que pueda dejar de criticarse la fiesta de exenciones de cotizaciones en las que se ha embarcado a partir del 2014.
El futuro del sistema debe apuntalarse mediante una transformación del marco de relaciones laborales que incluya unas políticas que incentiven mejoras de los salarios a partir del SMI y de la calidad de los contratos. Es decir, abandonar la cultura del junk work, tan del gusto del Gobierno actual. La necesidad de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, evidente desde tantos puntos de vista, se plantea también desde la perspectiva de la Seguridad Social.
Es básico luchar contra la economía sumergida y contra el empleo informal, de acuerdo con las políticas de OIT, para así fortalecer los pisos de protección del sistema público de pensiones. Todavía en cuanto a las políticas de empleo, el aumento de la población activa resulta clave. El Reino de España es uno de los países de OCDE con más baja tasa de empleo, en particular femenino. El crecimiento de la base de cotizantes es la única receta eficaz contra el envejecimiento de la población.
Vida activa
También se impone una reflexión sobre el alargamiento de la vida activa. Algo se ha corregido en este tema y la edad real de abandono del mercado de trabajo se aproxima a la prevista legalmente. Parece razonable el período transitorio de paso de los 65 a los 67 años como parámetro ordinario, que ha de prolongarse hasta el 2027. Para entonces, quizá sea más lógico utilizar el factor de sostenibilidad a modo de coeficiente de longevidad, más justo que nuevos aumentos de la edad pensionable, que tienen en sí mismos algo de arbitrario. Es decir, cualquier retraso de la misma tiene que basarse en estadísticas muy acreditadas de aumento de la expectativa de vida.
Por lo demás, la financiación exclusiva por cuotas del nivel contributivo tiene que dejar de ser un dogma. Quizá este sea el asunto más polémico en términos políticos, porque pone en cuestionamiento la equidad del sistema. En efecto, el sostenimiento de las pensiones a través de impuestos tiende a igualar cuantías, como muestra la experiencia comparada. Con todo, es un reto necesario. Parece evidente que los ingresos a través de cotizaciones no pueden llegar a sostener los porcentajes de PIB que deben destinarse a pensiones, a menos que se opte por una subida de las cuotas que, sin duda, repercutiría en la competitividad. O por una rebaja de las cuantías. España dedica a pensiones poco más del 10 % del PIB, tres puntos menos de la media de los Estados de nuestro ámbito. Pero en los tiempos que corren es difícil que el brazo contributivo salga en el breve plazo de su saldo negativo. Se requiere un debate constructivo sobre cómo financiar con impuestos sin que el modelo pierda en términos de equidad. Y, sobre todo, debatir abiertamente qué fórmulas impositivas deberían emplearse. Buenos ejemplos hay en la OCDE para inspirarse.
Finalmente, otro asunto se refiere a la equidad interna. Cómo mejorar el régimen de trabajadores autónomos, cómo adaptar el régimen general a carreras laborales más quebradizas, cómo no incurrir en discriminaciones indirectas por sexo, qué planear en torno a las bases máximas de cotización y a las pensiones máximas?
No son debates tanto de sostenibilidad como de justicia.