El PP insta a Ribera a retirar de la Ley del Cambio Climático el artículo sobre las concesiones de Costas

Ribera reduce a 20 las empresas del mar con problemas y dice que tendrán sus papeles en orden siempre que «introduzcan las cautelas correspondientes»


redacción

El martes fue la popular Pilar Rojo en el Senado y ayer, en el Congreso, la pregunta llegó del diputado, también gallego, Joaquín García Díez, que planteó a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si creía que el Gobierno estaba actuando con transparencia en el proceso de modificación de la Ley de Costas.

«Cada vez que da un brochazo verde desde su ministerio lo que genera son auténticos terremotos»-Joaquín García Díez. Portavoz de Pesca del PP

Díez expuso el caos que ha generado el Gobierno al cambiar de criterio al aplicar la normativa y reprochó a Ribera ese «tercer intento» de cambiar la regulación costera «por detrás, por sorpresa y esta vez, más grave y menos ético» en pleno estado de alarma. El diputado popular indició en que con el cambio que se está introduciendo en el proyecto de Ley del Cambio Climático se está poniendo en riesgo la continuidad de miles de empresas del mar y conminó a Ribera a suprimir del texto las referencias al litoral: «Retire el artículo 18 y siéntese a dialogar con el sector, sin la amenaza sobre la mesa y así lo solucionaremos».

Época electoral

La vicepresidenta vinculó la polémica a la proximidad de las elecciones gallegas y aseguró que el único caos montado es el que alentó en su día el PP, que impulsó una Ley de Costas «sin ningún tipo de respaldo científico» e «ignorando la Constitución».

«Entiendo que la proximidad de las elecciones gallegas resucite la profecía maya del cambio climático»-Teresa Ribera, vicepresidenta de Transición Ecológica

Ribera dijo que lo que hace «el artículo 18 es introducir las cautelas de la ciencia y las alarmas del cambio climático en la protección de algo tan preciado para la economía y el bienestar como lo es el litoral». Añadió que el proceso ha sido «transparente», puesto que «se ha sometido a exposición pública» y redujo a 20 las empresas del mar en problemas.

Una veintena, además, «con las que estamos trabajando tranquilamente y tendrán sus papeles ordenados». Incluso «aquellas que no solicitaron en plazo la prórroga de esa concesión, pero que entendemos que son perfectamente compatibles, siempre y cuando introduzcan las cautelas correspondientes».

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