El exjefe de Electromecánica del Concello de Lugo reconoce haber adjudicado contratos a su empresa familiar
LUGO CIUDAD
Arcadio Seco aceptó en el juicio una multa de 3.600 euros. Otorgó concesiones por valor de 40.000 euros a sus sociedades, Medesa y Cimesa
15 feb 2024 . Actualizado a las 13:12 h.El que fuera ingeniero jefe del Concello de Lugo hace ya más de una década, Arcadio Seco Falcón, aceptó este jueves una multa de 3.600 euros tras reconocer que adjudicó obras públicas a dos sociedades controladas por él y su familia. El alto funcionario, máximo responsable del Servicio de Electromecánica municipal, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo, acusado de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en una pieza separada de la Operación Pokémon. Tras un acuerdo de conformidad, reconoció los hechos.
Estaba previsto que se tratase de un juicio breve y así fue. A pesar de que, en la calificación, se acordó que debía celebrarse una vista con tribunal de jurado, tanto la Fiscalía como la defensa acordaron disolver esta figura. «En aras de la economía procesal», destacaba el fiscal, Roberto Brezmes, coincidieron en que sería la jueza Ana Rosa Pérez Quintana la responsable del veredicto y de la sentencia.
De esta forma, la vista duró apenas unos minutos. El acusado, jefe del Servicio de Electromecánica del Concello de Lugo durante una década, admitió haber adjudicado obras públicas a dos sociedades en las que su familia y él mismo tenían parte de la propiedad.
Medió para conceder a su empresa contratos por valor de 40.000 euros
Según el escrito de la Fiscalía que el acusado dio por cierto al alcanzar un acuerdo de conformidad, el funcionario medió para que se otorgasen contratos públicos por valor de cerca de 40.000 euros a Medesa y Cimesa, dos compañías en las que su mujer, su hijo y él mismo figuraban como beneficiarios.
Usando su influencia como alto funcionario, proponía a Cimesa y a Medesa como las compañías que debían realizar diversas obras menores para el Concello. Él mismo tenía una participación de hasta el 15 % en Cimesa entre los años 2006 y 2013, período en el que se benefició de los contratos públicos a través de estas empresas, al igual que su familia. Según el escrito, Seco Falcón propuso a estas empresas como beneficiarias de estos contratos «contraviniendo su obligación de abstenerse».
«Los hechos relatados son constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos», le imputaba el Ministerio Público. Finalmente, se libró de prisión al aceptar una multa de 3.600 euros, 1.800 de sanción civil y otros tantos por el lado penal, donde podría haber elegido un castigo de dos meses y medio de prisión que terminó rechazando.