Las riendas del grupo empresarial siguen en manos de las mismas personas
25 mar 2017 . Actualizado a las 11:47 h.El actual consejo de administración del grupo Ingemar, al que pertenece Ingemarga, de Guitiriz, continuará llevando las riendas de las compañías. Quedó claro después de una junta general de accionistas que se celebró en la Cámara de Comercio de San Sebastián, en la que José Longarela, Carmen Grandío y Julio Manzano hicieron valer sus derechos como consecuencia de una ampliación de capital de 700.000 euros, que les otorga el 36% de las participaciones. La reunión duró siete horas, fue tensa y con cruce de acusaciones y anuncios de judicializar el conflicto societario.
Los contrarios a la gestión del actual consejo intentaron aprobar la compra de acciones por parte de un empresario de Valencia que formuló oferta por tres de las empresas del grupo. Para ello convocaron la junta general, pero no consiguieron su objetivo. Hubo quejas porque no llegó a todos los socios la tarjeta de asistencia ni tampoco la delegación de voto.
José Longarela seguirá siendo el interlocutor de Ingemarga con la administración concursal, que estaba a la espera de la celebración de la junta general de ayer para concretar este aspecto, ante las discrepancias que existían en el seno de la compañía.
Reuniones
El comité de empresa de Ingemarga solicitará una reunión con Longarela para el próximo lunes, con la finalidad de conocer cuáles van a ser las líneas de su plan de viabilidad. Le pedirán explicaciones sobre por qué no adquirió el material necesario para que la sierra pudiera funcionar con normalidad, después de que el administrador concursal diera luz verde al gasto de material.
Los representantes de los trabajadores se reunirán el lunes con el administrador concursal para analizar este nuevo escenario. También están en contacto con los de Ingemar, que ayer se manifestaron delante de la Cámara de Comercio, donde se celebró la junta general.
El Juzgado Mercantil, que tramita el concurso de acreedores de las tres compañías integradas en el grupo, está atento a los movimientos que se producen en el grupo empresarial. Primero la jueza Ángela Galván y después su sustituta, Hortensia Bouso, dictaron sendas providencias advirtiendo a los órganos de administración de las concursadas que las decisiones que tomen han de contar con la aprobación por escrito de la administración concursal.
Polémica ampliación
Uno de los detonantes del conflicto societario fue una ampliación de capital. Según una parte de los socios, no fue cubierta en el plazo dado por la junta para reunir el millón de euros y finalmente acudieron a ella los miembros del consejo que, por 700.000 euros, se hicieron con las riendas del grupo.
Quienes están en contra de esta ampliación de capital, que consideran ilegal, parece ser que están barajando la posibilidad de llevar el caso a los juzgados para que diriman responsabilidades.