El Tribunal da la razón a la empresa adjudicataria y ordena recalcular el coste de la pasarela tras el incremento del precio de los materiales
24 feb 2026 . Actualizado a las 19:16 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictado una resolución sobre el contrato de construcción de la pasarela metálica provisional de Ponte Ribeira, sobre el río Sarria, en la que determina que el Concello de Sarria debe recalcular el coste de la obra aplicando la revisión excepcional de precios prevista en el Real Decreto-ley 3/2022. La empresa adjudicataria había solicitado este ajuste debido al aumento de los costes de materiales, pero la administración local desestimó la reclamación por silencio administrativo, lo que llevó al caso a los tribunales.
Los desacuerdos surgieron por la interpretación de la duración del contrato, que se adjudicó en su momento por 109.819 euros. Para poder aplicar la revisión excepcional, la ley establece que el contrato debe durar al menos cuatro meses, y el juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo le dio la razón al Concello, considerando que el plazo comenzaba con el acta de comprobación del replanteo, que marca el inicio físico de la obra, el 12 de enero de 2022, y terminaba con la recepción de la obra, el 28 de abril de 2022. Según ese cálculo, el contrato no llegaba al mínimo legal.
Pero el TSXG indica en la sentencia que ese no es el criterio correcto. La duración del contrato a efectos de la revisión de precios se mide desde la firma del contrato, en este caso el 26 de febrero de 2021, y se extiende hasta la emisión de la certificación final, el 21 de septiembre de 2022. Esto incluye todo el tiempo en que la empresa estuvo comprometida con el proyecto, incluso antes de comenzar físicamente las obras.
Con esta resolución, el Concello de Sarria deberá elaborar una propuesta provisional de revisión de precios aplicando la fórmula prevista en el proyecto de construcción, trasladarla a la empresa adjudicataria y dictar la resolución definitiva reconociendo el ajuste de precios. Además, el TSXG impone 1.000 euros en costas procesales a la administración local.
El fallo establece un criterio relevante para otros contratos públicos, al aclarar que la duración contractual, y no el inicio material de las obras, es el parámetro que determina la aplicación de la revisión excepcional de precios, un detalle clave para proyectos adjudicados durante la subida de costes de materiales entre 2021 y 2022.