El PP dice que el Supremo anula la entrada de la Diputación de Lugo en Tragsa y el gobierno lo acusa de mentir
LUGO
Una sentencia señala que debería ser el pleno, no el presidente provincial, el que inicialmente aprobase la compra de acciones, aunque después sí fue ratificado el acuerdo por la corporación, por lo que para PSOE y BNG no se invalida la entrada
06 feb 2026 . Actualizado a las 21:33 h.La interpretación de las sentencias puede ser variable en función de cómo la vean el demandante y el demandado. Y si esto ocurre en el ámbito de la política, pues son más evidentes las diferencias. Una sentencia del Tribunal Supremo, tras un recurso de amparo del PP de Lugo, acaba de fallar que el acuerdo para que la Diputación de Lugo entrase en el accionariado de la empresa pública Tragsa (cuyos trabajadores, que en su mayoría venían de la extinta Suplusa, no fueron subrogados por la Diputación) debía haberse tomado a través del pleno y no, como inicialmente se hizo, con un decreto del entonces presidente, José Tomé. Pero para lo que el PP es una victoria jurídica, la nulidad del acuerdo y algo más que un tirón de orejas para Tomé y el gobierno de PSOE y BNG, para este la interpretación de los populares está llena de falsedades y mentiras, ya que recuerdan que al final sí se llevó a pleno el acuerdo para que la Diputación comprase una acción de Tragsa, precisamente para contar con las máximas garantías jurídicas. Por ello, mientras para el PP la entrada en Tragsa está anulada, para el gobierno todo lo contrario, ya que fue ratificada por la corporación.
Hay que recordar que desde que la Diputación entró en el accionariado de Tragsa ha recibido diversas encomiendas de gestión. Las primeras eran las del mantenimiento de las zonas verdes de las parcelas provinciales, también han hecho obras en concellos o, las más recientes, la reparación del Rato tras la gran tormenta de abril del pasado año.
La postura del PP
Los tres últimos portavoces del PP en la Diputación (Elena Candia, Javier Castiñeira y Antonio Ameijide) valoraron la sentencia, contra la que no cabe recurso, señalando que «declaran ilegais as decisións adoptadas polo PSOE e o BNG e as súas posteriores consecuencias». Los populares indicaron que el gobierno de la Diputación, bajo la presidencia Tomé, decidió comprar una acción de Tragsa: «Había unha clara intención política de extinguir Suplusa e levar por diante á maior parte dos traballadores desa empresa pública, dependente da Deputación». Explicaron que a través de la compra de una acción de esta empresa pública, lo que hizo el gobierno provincial fue saltarse la Ley de Contratos y adjudicar de forma directa trabajos de ámbito provincial a Tragsa «sen pasar por un procedemento ordinario de contratación ou sen pasar pola pública concorrencia».
La evolución del caso judicial
La decisión de adquirir una acción de Tragsa y la encomienda de gestión sin pasar por el pleno llevaron al PP a acudir al Contencioso-Administrativo de Lugo, que el 31 de marzo de 2022, señalaron desde el PP, «deunos a razón, declarando nulos a adquisición e o encargo como medio propio a Tragsa, ao declarar ilegais as decisións do presidente e o seu equipo de goberno». El gobierno recurrió el fallo ante el TSXG, que admitió su apelación, lo que motivó que el PP elevase el caso al Supremo. (Candia aprovechó para recordar que entre los miembros que firmaron el fallo del TSXG estaba Luís Villares).
Para el PP la sentencia del Supremo «pon de manifesto a actitude ditatorial do PSOE e do BNG, a prepotencia na que están instalados, o afán constante de saltarse a lei e vulnerar o ordenamento xurídico e saltar a democracia ao vulnerar as competencias do pleno e obviar aos representantes dos cidadáns».
La postura del gobierno
La Diputación acusa al PP de «unha vez máis mentir e tentar enganar con informacións terxiversadas que non responden aos escritos xudiciais». Recuerdan que un pleno del 12 de abril del 2022 «acordou ratificar ad cautelam a adquisición dunha acción de Tragsa, coa finalidade de garantir a máxima seguridade xurídica. Este acordo plenario foi impugnado polo PP e o recurso foi desestimado integramente polo Contencioso nº 1 de Lugo. Este feito esencial, coñecido por quen promoveu o recurso, está a ser omitido de maneira consciente, ao tempo que se pretende construír un relato que non se sostén xuridicamente».
Dice el gobierno que la sentencia del Supremo «non anula nin invalida o citado acordo plenario. O seu pronunciamento limítase a resolver unha cuestión distinta e estritamente organizativa: determinar que a competencia para adoptar a decisión inicial correspondía ao Pleno da Corporación e non á Presidencia». Pero insiste que para dar cobertura jurídica al acuerdo que tomó el presidente pasó por el pleno, «anticipándose para garantir a legalidade da decisión e evitar calquera efecto invalidante».
Destaca que el Supremo sí entra a valorar «a cuestión xurídica nuclear do procedemento: se resultaba esixible a elaboración dunha memoria económico-financeira para a integración da Deputación como medio propio de Tragsa», indicando que ni el Supremo, ni el TSXG, ni el Contencioso de Lugo «avalan a tese defendida polo PP coincidindo todos eles en que non existe unha previsión normativa clara que faga esixible dita memoria neste suposto concreto». Y recuerda que el Supremo «non se pronuncia en ningún momento sobre os encargos realizados a Tragsa, nin declara a súa nulidade, polo que resulta incorrecto e xuridicamente inexacto afirmar o contrario, como defende o PP».
¿Qué va a pasar ahora?
Ameijide señaló ayer que tendrán que analizar las consecuencias del fallo, aunque para ellos el acuerdo de entrar en Tragsa es nulo, los trabajadores quedan en un limbo jurídico y los encargos del futuro están en el aire. Pero desde el gobierno insiste en que el Supremo solo habla de una cuestión competencial, «sen efectos invalidantes e sen consecuencias prácticas, ao existir xa ratificación plenaria».