Una sentencia obliga a la Diputación de Lugo a aprobar en pleno su entrada en Tragsa
LUGO
El PP pone en duda que los contratos hechos hasta ahora, por valor de seis millones, tengan validez, y el gobierno provincial recuerda que el fallo no es firme
08 abr 2022 . Actualizado a las 18:06 h.Una sentencia del Tribunal Contencioso número 1 de Lugo acaba de fallar que la Diputación de Lugo debe basar su entrada en el accionariado de Tragsa a través de un acuerdo en el pleno provincial, y no por junta de gobierno, como se hizo en el 2019. Este acuerdo fue recurrido por el grupo del PP de Lugo y ahora la Justicia le acaba de dar la razón. El gobierno provincial recuerda que la sentencia no es firme, se puede recurrir ante el TSXG, y apuntó que siempre se basó en los informes de los servicios jurídicos para tomar sus decisiones.
La presidenta del PP, Elena Candia, el portavoz del grupo provincial, Javier Castiñeira, y diputados populares, expusieron este viernes en la Diputación que el fallo judicial demostraba que el gobierno que preside José Tomé «estaba facendo mal as cousas e que o modo de decidir a entrada no accionariado de Tragsa non era o correcto».
Un decreto del presidente provincial y un acuerdo de la junta de gobierno decidió encargar a Tragsa el mantenimiento de las zonas verdes, que antes hacía Suplusa. Para ello compró una acción de la empresa pública y así pasó a ser medio propio. La sentencia dice que ese acuerdo debería haber pasado por el pleno, quedando en el aire qué sucederá ahora con los contratos que desde el 2019 se le asignaron a Tragsa. La sentencia no entra a valorar este asunto, pero señala: «Con todas las consecuencias inherentes a tal declaración».
Javier Castiñeira, a este respecto, señaló: «Agora, despois de dous anos, o dano está feito. Temos que dicir que con base en iso se contrataron varios servizos a Tragsa, por valor de máis de 6 millóns de euros, entre eles, o mantemento das zonas verdes, a limpeza de edificios provinciais, outros servizos en concellos como Monforte, Vilalba ou Pol, e obras que non poderían ser encargadas porque o procedemento de entrada no accionariado de Tragsa foi ilegal». El PP reclama que se resuelva lo antes posible este problema, «dado que quedan colgando moitos servizos pola nula xestión e a neglixencia do goberno da Deputación de Lugo», y advierten que estudiarán todas las acciones posibles, «toda vez que advertiron en tempo e forma destas circunstancias e aínda así, e a sabendas, Tomé decidiu actuar».
Postura del gobierno provincial
Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar García Porto, recordó que la sentencia es de primera instancia, con lo cual no es firme, y anunció que decidirán en función de lo que marquen los servicios jurídicos de la Diputación, en referencia a si presentan o no recurso ante el TSXG. «O goberno da Deputación está sempre atento ao que lle digan os servizos xurídicos e o seguiremos a facer», dijo en referencia al motivo por el que se aprobó en junta de gobierno la entrada en Tragsa.
García Porto recordó que a nivel político es irrelevante si se decide entrar en Tragsa por junta de gobierno o a través de un acuerdo del pleno «xa que temos a maioría, polo que se finalmente o asunto ten que ir a pleno, non haberá problema, pero sempre actuaremos en función do que nos digan os servizos xurídicos». Para el gobierno de la Diputación no están en peligro ninguno de los contratos que fueron adjudicados a través de Tragsa en la medida en que la sentencia del juzgado de Lugo no es firme.
Los trabajadores, la parte laboral
Por otra parte, desde la CIG en Lugo, su responsable de Organización Lugo-A Mariña, Lois Nieto, apuntó que «despois da situación de incerteza e inseguridade xurídica que esta sentenza xera era o momento propicio para que desde a Deputación se adoptara a medida de integrar a estes trablladores e traballadoras na plantilla do ente provincial, algo que si fixo con outros organismos que subrogou». La central sindical espera que esta resolución sirva para «que a propia Deputación recapacite e estos traballadores podan estar en igualdade de condicións á do resto de persoal das entidades públicas dependentes da Deputación».
