El delegado de CSIF reclamaba porque lo obligó a hacer servicios extras en San Froilán
22 mar 2019 . Actualizado a las 19:49 h.La justicia no dio la razón a la CSIF, el sindicato azote de la alcaldesa en la Policía Local. La titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Lugo tumbó el recurso presentado por el agente Benito Martínez Muinelo, el delegado de dicha central sindical quien impugnó tres decretos en los que Lara Méndez le obligaba a hacer horas extraordinarias durante las fiestas de San Froilán de 2018. La jueza estima que hubo una actuación correcta y provocada porque «el sistema de voluntariedad para reforzar los turnos de trabajo quebró de forma imprevisible durante las fiestas». Esto hizo que en la Policía Local no existiese «un tiempo prudencial suficiente para organizar el servicio con la antelación que exigía el recurrente».
Destaca el fallo que «no existió más remedio que acudir a los mecanismos excepcionales asignando obligatoriamente a los agentes para realizar tales servicios extraordinarios». Asimismo explica que el jefe de la Policía Local, dentro de sus funciones «y según su criterio, que se presume objetivo e imparcial» formuló las propuestas de los agentes que tenían que trabajar a mayores del turno que les correspondía.
La jueza no concede relevancia al hecho de que en la Policía Local no hubiesen «tirado» de los auxiliares o de los agentes del gabinete de tráfico. Esto «no significa que se haya producido una discriminación ni un trato desigual pues, como es sabido, para entender vulnerado dicho principio, la comparativa ha de realizarse con terceros que estén en situación idéntica». Recuerda la jueza que las funciones de apoyo y auxilio de la Policía Local no son las mismas que las funciones principales que hacen los agentes.
El recurrente exponía en el recurso que el Concello no había llevado a cabo una negociación colectiva. Recuerda la sentencia que el cabo Benito Martínez carece de legitimación activa para denunciar la inobservancia del principio de obligatoriedad de la negociación».
La sentencia reproduce íntegramente el informe que hizo el jefe de la Policía Local en el que, después de una serie de razonamientos, decía que era necesario reforzar el servicio para hacer frente a posibles situaciones excepcionales que podrían producirse durante las fiestas. Además, decía que este tipo de situaciones se superaba tirando de una lista a la que se anotaban voluntarios, pero en esta ocasión se retiraron. El jefe decía en su informe que debían arbitrarse medidas que garantizaran la seguridad ciudadana.
La jueza se basa en dicho informe para rechazar que hubiese una falta de previsión como así alegaba el agente que formuló el recurso.