El pleno contestará al requerimiento que debería haber cumplimentado la gestora
03 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El pleno de la Cámara de Comercio acordó ayer responder, lo antes posible al requerimiento efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre los balances de los años 2010 y 2011, los últimos en los que fue gerente Alberto Fernández Piñeiro, antes de su despido. Según el presidente, Xabier Díaz, la entidad tiene problemas para localizar la documentación solicitada como consecuencia de que los archivos están repartidos entre el edificio de Ramón Ferreiro y el Forcam. Desconoce también, según explicó, qué fue lo que envió la gestora nombrada por la Xunta a los requerimientos efectuados por el juzgado que tramita los procedimientos por falsedad documental y por apropiación indebida.
El actual equipo de la entidad, en la respuesta al Tribunal de Cuentas, informará de la existencia de los dos procedimientos judiciales abiertos.
El Tribunal de Cuentas efectuó el requerimiento a la vista de los resultados del informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011 que efectuó el Consello de Contas de Galicia, que detectó numerosas anomalías en el funcionamiento, sobre todo en los gastos de viajes.
El pleno de la Cámara de Comercio acordó dirigirse a la Xunta de Galicia para que informe qué documentación deberán guardar y hasta que año, para poder trasladar los archivos, una vez que queden libres los edificios del Forcam y de Ramón Ferreiro. El nuevo equipo tiene que buscar un emplazamiento para la documentación que sea necesario conservar y que podría ir para la planta de la Casa Sindical que está utilizando la patronal lucense en estos momentos.
Sin información contable
Los asistentes a la reunión analizaron los informes presentados por el presidente y el secretario sobre la situación de la entidad y sobre la falta de actuación de la comisión gestora ante determinadas circunstancias y valoraron la posibilidad de entablar algún tipo de reclamación.
El actual equipo no tuvo acceso, según Díaz, a información contable, después del traspaso realizado hace dos meses. «Apenas nos suministraron unas actas y unos documentos», apuntó Díaz. El presidente informó a los asistentes de las negociaciones con la Diputación para la venta del edificio de Ramón Ferreiro. Existen avances que están pendientes de que el organismo provincial apruebe el presupuesto para este año. En caso de que no haya un acuerdo en dos meses, el juzgado social que centralizó las demandas de los trabajadores procederá a la subasta. El organismo provincial ofrece una cantidad que ronda el millón de euros, que no cubre los 2,3 de la deuda con el personal.
Situación del personal
«Gustaríanos -señaló Díaz- que o edificio quedara en mans públicas. Pero senón se chega a acordos, ou ben pasaría a mans de algunha empresa ou dos propios traballadores».
«Queremos -añadió Díaz- que os traballadores poidan cobrar, polo menos unha cantidade que lles permita un alivio para as súas situacións e buscar fórmulas de pago para o que non se logre coa venda do inmoble».
El actual equipo de gobierno tiene dificultades para reunir documentación