El empresario Jorge Dorribo es el que mayor número acapara con 10 presuntos delitos
28 oct 2014 . Actualizado a las 08:52 h.La instrucción de la operación Campeón tocó a su fin después de cuatro años. La jueza lucense Estela San José ha dejado finalmente en su lista de imputados a 13 personas, en espera de lo que decida el fiscal, que es quien ahora tiene que efectuar las acusaciones. En algún momento la lista de imputados llegó a rondar el medio centenar. Sin embargo, la investigación se fue desgajando en diversas piezas y, además, fueron retiradas varias imputaciones. De la relación inicial se fueron cayendo, entre otros, el exministro José Blanco (por decisión del Supremo) y el alcalde de Lugo, López Orozco. En otra causa aparte queda el exconselleiro de Industria del bipartito, Fernando Blanco.
El tronco de la Campeón tiene como principal imputado a Jorge Dorribo, que habría incurrido, según la jueza San José, en un total de 11 delitos. El empresario lucense puso en marcha un entramado para lograr subvenciones y créditos al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) justificándolas con facturas supuestamente falsas.
En la relación final de imputados también figura el exdiputado autonómico del PP por A Coruña Pablo Cobián, al que se le atribuyen dos delitos contra la hacienda pública, además de tráfico de influencias y cohecho. Según la jueza, este expolítico (dimitió como consecuencia de la imputación en esta operación) ejercería sus influencias ante el Igape para que las subvenciones llegaran a Dorribo. A cambio habría recibido 60.180 euros, que supuestamente le dio Dorribo disfrazando la entrega como un patrocinio para que el hijo del político pudiera competir en pruebas de automovilismo.
También figuran imputados algunos cargos del Igape que dieron el visto bueno a las peticiones presentadas por Dorribo aun cuando, según la jueza, la tramitación estaba mal hecha y las facturas presentadas eran falsas.
Cargos del Igape
En esa relación están el que era director general de la entidad, Joaquín Varela de Limia Comingues (le atribuyen dos delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencias), el exsubdirector de información Carlos Silva Liste (negociaciones prohibidas a funcionarios) y Cristina Quintela, la exdirectora del área de financiaciones, a la que la jueza atribuye tráfico de influencias.
En la lista están también como imputados socios de Dorribo: Arsenio Méndez y Carlos Monjero Álvarez. Figura asimismo Marcos Prieto Iglesias (que estaría detrás de una empresa que presuntamente ofreció facturas falsas al empresario lucense). Cierran las imputaciones José Manuel Expósito, responsable de una oficina donde Dorribo haría algunas tramitaciones, Inmaculada Abuide Tellado, Araceli González García, Isabel Fernández Pena y Javier Rodríguez Díaz.
Lo conseguido
Dorribo utilizó al Igape para lograr, por un lado, una subvención de casi un millón de euros para sus aventuras empresariales, y por otro, para obtener un préstamo de fondos del Banco Europeo de Inversiones, por algo más de 2,9 millones, que recibió en dos partidas. Posteriormente, el dinero, según la jueza, no fue destinado a los fines para los que pidió.
Pero Dorribo no solo puso en marcha una mecánica consistente en falsear facturas y hacer circular el dinero por varias cuentas para burlar al Igape. En connivencia con un amplio grupo de empresarios y de empresas que actuaron como pantalla simuló diversos negocios jurídicos inexistentes. Destaca el auto final de la jueza que el empresario lucense contó con la colaboración de cargos y autoridades: «A través de dichas relaciones personales y profesionales fue como se fueron allanando obstáculos legales, incumpliendo condiciones que fueron obviadas por los responsables administrativos y ocultando datos que de haberse conocido hubieran imposibilitado la concesión del préstamo y de la subvención».