Las consecuencias de la anulación de grandes operaciones judiciales por la Audiencia
19 oct 2014 . Actualizado a las 05:04 h.La doctrina aplicada por la Audiencia Provincial para tumbar grandes operaciones judiciales, porque no fueron mandadas en su día a reparto, genera cuando menos gran incertidumbre. Aun cuando en los múltiples tomos que nacieron y crecieron con las investigaciones supuestamente había indicios de la comisión de variados delitos por alguno de los imputados, los implicados evitan cualquier tipo de pena al declararse nulas las actuaciones.
Los autos de la Audiencia, que suponen el cargarse las dos investigaciones, casi cinco años después de que se iniciasen, provocan multitud de dudas. A continuación se exponen algunas de ellas en cinco preguntas.
¿Por qué nadie actuó antes?
Tanto las causas abiertas con relación a la retirada de las multas de tráfico como la correspondiente a la operación Rei pasaron por la Audiencia Provincial en varias ocasiones que algunos abogados cifraron en por lo menos diez. Entonces la pregunta que se plantean muchos ciudadanos de a pie es la referida a cómo es posible que nadie se diera cuenta del fallo y frenase la investigación y ordenase volverla a su punto de arranque. No sucedió así, y durante cinco años hubo numerosas personas trabajando en algo que ahora fue enviado al cesto de los papeles. Ni el fiscal, ni los abogados, ni la propia Audiencia plantearon la nulidad ni en el primer, ni en el segundo mes, ni tan siquiera en el primer año. Dejaron pasar cinco.
Abogados consultados al respecto significaron que la Audiencia no actúa de oficio. Solo lo hace cuando las partes lo reclaman, lo que no sucedió hasta ahora.
Al ciudadano de a pie le resulta difícil de entender cómo se puede dejar continuar, especialmente en un juzgado, algo que se sabe que podría ser irregular. Así las cosas, la falta de control supuso que una jueza y numeroso personal estuviesen trabajando en algo que, según la Audiencia, no sirve para nada. A mayores se permitió celebrar un juicio durante una semana, con lo que ello supone. En este punto hay que advertir que, hasta la celebración de la vista, nadie había planteado nulidad alguna de actuaciones. Lo hizo una letrada en el apartado de cuestiones previas y en su turno de conclusiones, días después del arranque del juicio con un ex subdelegado del Gobierno en el banquillo, un ex jefe de Tráfico, un alcalde y un ex concejal de tráfico, entre otras personas.
¿Qué pasa si el Supremo tumba la doctrina de Lugo?
Tanto en el caso de las multas como en la operación Rei, los fiscales del Tribunal Supremo, por unanimidad, dieron el visto bueno a los recursos que serán presentados para hacer frente a la doctrina de Lugo. ¿Qué ocurre si el alto tribunal nacional la tumba? Sencillamente que los acusados de las multas tendrán que ser juzgados nuevamente y que los ocho imputados en la operación Rei han de ir al banquillo.
¿Cómo actuarán otras audiencias?
La doctrina de Lugo circula ya por todos los despachos de abogados que, ojo avizor, examinarán con lupa si los jueces se quedaron con las investigaciones sin que realmente les hubiesen correspondido. Hay constancia de que alguna audiencia gallega ya tiene formuladas peticiones para anular casos. ¿Cuál será el criterio? ¿Estimarán que hubo un defecto pero entenderán que no es suficiente como para proceder a mandar a la basura cualquier operación o, por el contrario, decidirán que se vulneró gravemente el derecho contemplado en la ley a un juez predeterminado?
¿Pagarán los «pobres»?
La jueza San José, cuando se puso a investigar la trama de las multas, descubrió que había dos vías. En una estaban los políticos y los influyentes que tenían la posibilidad de llegar con facilidad a alguien de arriba para que sus sanciones se fueran al cesto de los papeles. En otro, los considerados pobres que aun no llegando a ricos también conseguían evitar el pago de sanciones.
Las dos investigaciones comenzaron en el mismo momento. Pues llegados a este punto, la de los políticos se fue al cesto de los papeles y la de los pobres se mantiene. La de los ricos avanzó con mucha más rapidez, tanto es así que ya iba a juzgarse en los últimos días. La de los pobres duerme en los juzgados sin saber cuándo estará lista para la vista. Ahora la pregunta es: ¿acabarán pagando los pobres?
No hay constancia de que ninguno de los abogados de los cinco imputados hubiese invocado la anulación en base a la doctrina de Lugo. En caso de hacerlo, falta por saber qué es lo que interpreta la Audiencia.
El fiscal pide once años de cárcel para los cinco acusados, entre ellos está una funcionaria de Tráfico acusada de manipular los expedientes sancionadores. En su momento, la jueza imputó a 14 personas. La fiscalía dejó la lista de acusados en cinco.
El descubrimiento de esta trama fue por unas escuchas telefónicas pedidas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que también realizaba el mismo juzgado.
¿Y qué pasa con Cacharro y la operación Muralla?
Otra de las grandes operaciones aún por juzgar en Lugo, es la Muralla que tiene a Francisco Cacharro, ex presidente de la Diputación Provincial, y a otras dos personas más imputadas. De momento no se celebró porque Cacharro estaba enfermo. Los abogados parecen tener el camino abierto para intentar que la Audiencia se cargue también esta operación que, curiosamente, resistió una gran inundación que afectó al local donde estaba tirada la documentación. La investigación puto patas arriba Vías y Obras de la Diputación.
Hay que echar la vista atrás para tratar de saber lo que puede pasar. En su momento, hace ya más de siete años, fue el fiscal jefe de entonces, Jesús Izaguirre, el que activó la investigación acudiendo a la jueza de guardia, entonces Ángela Galván, hoy responsable del Mercantil. La jueza asumió la instrucción. No es posible precisar si la envió a reparto. Si lo hizo, parece que le volvió a corresponder a ella. Con todo este panorama, y para acabar, la pregunta del millón: ¿Qué puede ocurrir con la Campeón, la Pokémon y Carioca?
Crónica cinco preguntas sobre la «doctrina de Lugo»