El plazo para ejecutar la sentencia es de dos meses
18 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comunicó oficialmente al Concello de Sarria que tiene que ejecutar la sentencia de demolición del edificio con el número 70 de la calle Calvo Sotelo y el 58 de Matías López, ya que los portales dan a ambas vías.
El comunicado entró en la mañana de ayer en las dependencias municipales y el plazo que tienen los actuales responsables del gobierno para ejecutar la orden es de dos meses.
El edificio está habitado desde hace más de una década y en él residen 24 familias, a las que hay que sumar tanto los negocios que están funcionando en el bajo como en el entresuelo.
El conflicto con esta edificación se remonta al pasado año 1996 cuando, unos meses antes de finalizar la obra y entregar las viviendas y los locales comerciales, un vecino formula una denuncia en la que alega que la construcción excede lo que estipulaba la licencia de obra.
La primera noticia negativa para los vecinos fue el decreto del alcalde en 1997, Arturo Corral, en el que se dice de manera literal: «El edificio no se ajusta a la licencia concedida, siendo contrario a la normativa urbanística en vigor por lo que hace referencia a la altura del bajo y mayor pendiente de la permitida en cubierta». Desde el Concello instaban al promotor para que hiciera los arreglos pertinentes para adecuar la edificación a la licencia concedida en un plazo de dos meses.
El contencioso administrativo mantuvo la determinación de la alcaldía y un nuevo alcalde, José Antonio García, volvió a firmar un decreto en el que exigía que se restituyera la legalidad urbanística.
El promotor recurrió al TSXG, lo que dejó en suspenso el decreto y se abrió la vía de pedir a la justicia que fijara una indemnización sustitutoria al considerar que no se podía cumplir la sentencia. El dictamen tampoco sufrió cambios cuando fue fallado por el Tribunal Supremo.
El denunciante volvió a insistir en que se ejecutara la sentencia que solicitaban los tribunales y ahora la orden definitiva llegó al Concello, cuyos responsables tendrán que decidir en un plazo corto.