El PP preguntó en el Congreso de los Diputados al Director General de la Policía y la Guardia Civil por las medidas adoptadas ante la operación Carioca. La cámara hizo oficial el texto del debate, que se transcribe literalemente a continuación.
DIPUTADO COSIDÓ GUTIÉRREZ (PP): Señor director, Usted conoce bien que en Lugo se han solapado dos redes de corrupción muy relevantes. Todavía se investiga en sede judicial una que se dedicaba a traficar con carnés de conducir y con multas de tráfico que se levantaban, pero ya ha habido la dimisión del subdelegado del Gobierno y del jefe provincial de Tráfico, que supuestamente estaban implicados en esta trama, y ahora otra investigación, que ya lleva tiempo, sobre una red de extorsión a prostitutas que tiene ya 50 personas imputadas, entre las que se encuentran guardias civiles, policías nacionales y locales, funcionarios de la Administración Central del Estado, el ayuntamiento y últimamente con una derivación a instituciones penitenciarias porque algunos detenidos usaban teléfonos móviles dentro del centro penitenciario. Estamos hablando de delitos graves, de agresión sexual, inducción a la prostitución, tráfico de seres humanos, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos, tenencia ilícita, delitos contra los trabajadores, contra la intimidad, contra la salud pública, inducción al aborto? En fin, la panoplia de delitos realmente es escalofriante. Yo le pediría al director general una explicación de qué es lo que ha pasado y qué medidas ha adoptado el Gobierno más allá de la investigación judicial en curso, que tiene una parte todavía secreta y otra que se ha hecho pública. Me parece que por la gravedad de esta red exigiría la adopción de algunas medidas de carácter más político. Me gustaría saber si es que la dirección general ha hecho algo además de esperar a que los jueces actúen.
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López):
Señor Cosidó, usted sabe que la operación Carioca es algo que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Las diligencias han sido declaradas secretas, con el número 4.449/08. Nuestra información es muy reducida, solamente tenemos la información por parte del juzgado en la que se nos comunica la imputación de ciertos delitos a determinadas personas miembros del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil. Como consecuencia de ello, adoptamos diversas decisiones, como suele ser habitual en el ámbito disciplinario. En el Cuerpo Nacional de Policía hay seis personas suspendidas porque se les han imputado unos delitos graves y por la alarma social que ello conlleva. Es una acción que solemos llevar a cabo siempre que la alarma social es importante y que el delito que se le imputa es igualmente importante o grave.
En el caso de la Guardia Civil hay imputado un cabo primero por un delito grave, incluso ha aparecido su fotografía en diversos periódicos. Esta persona fue suspendida igualmente y hay otras personas que están imputadas, pero cuya trascendencia social de los delitos no ha sido tan importante, o al menos así lo hemos valorado.
Por tanto, resumiéndole: ¿qué hemos hecho? Primero, hemos suspendido un total de siete funcionarios. En segundo lugar, nuestro conocimiento es relativamente escaso porque así lo ha decidido el juzgado, aunque las investigaciones las realizan funcionarios de la Guardia Civil. Y cuando hay una imputación por el juzgado hacia un agente de la Policía o la Guardia Civil, adoptamos las providencias que están establecidas en nuestra ley orgánica de régimen disciplinario.
COSIDÓ GUTIÉRREZ (PP):
Señor director, a veces no basta con que los tribunales persigan los delitos y la policía actúe en su calidad de policía judicial. Y este caso nos plantea cómo es posible que una trama con tales implicaciones haya podido operar durante años sin ser descubierta hasta que hubo una denuncia. Creo que algo falla en el sistema cuando no tiene capacidad para detectar este tipo de conductas con carácter mínimamente preventivo y solo cuando ya se han cometido toda esta cantidad de delitos por tal cantidad de personas, la justicia se ve abocada a actuar por cierta pasividad de la administración. En segundo lugar creo que este caso por su gravedad y dramatismo, nos integra en la cara más oscura del fenómeno de la prostitución, una actividad que tantas veces está asociada a la comisión de delitos como los que aparecían en este caso. Usted sabe que España es el país con más prostitutas de toda Europa, con más número de locales dedicados a la prostitución y probablemente es uno de los países donde la prostitución supone una mayor actividad económica. Trascendiendo este caso lamentable y sobre el que me gustaría escuchar alguna asunción de responsabilidad, creo que debemos tener una actitud desde las fuerzas seguridad del Estado especialmente vigilante y atenta a este mundo. Me atrevo a sugerirle una acción más decidida contra los delitos asociados a la prostitución.
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Velázquez López):
Señor Cosidó, se sabe que la prostitución es un fenómeno poliédrico, que está muchas veces en el ámbito de otro tipo de delitos y actividades relacionadas con el tráfico de drogas, de menores y de inmigración ilegal. Yo no diría tanto como que nuestro país está a la cabeza de fenómenos de esta naturaleza pero que existen es una cosa absolutamente cierta. Nuestras cuerpos de seguridad están siempre vigilantes en relación con esta materia. Y en nuestra administración los responsables actúan y lo hacen con la máxima con rapidez la ley cuando se trata de alguien que está inmerso en algún tipo de delito como los conexos a este tipo de actividad. Incluso antes de lo que en su momento serán las condenas penales a las que hipotéticamente estas personas llegarán, hemos hecho las actuaciones administrativas necesarias, porque nos parece que se crea una inmensa alarma social cuando algún funcionario de la Policía o de la Guardia Civil está siquiera acusado de un delito de esta naturaleza.