La excarcelación del anciano acusado de matar a su hermana en A Ponte saca a la luz un problema de servicios sociales
08 jul 2010 . Actualizado a las 10:48 h.José Antonio López García, el vecino de A Ponte de 83 años, absuelto del asesinato de su hermana de 64, se encuentra en libertad desde las diez de la noche del pasado martes, hora en la que un tribunal popular decidió, por unanimidad, que no existían pruebas para condenarlo. López García, que carece de familia, pasó los dos últimos años de su vida en la prisión de Bonxe, a la que acudió a recoger sus pertenencias después de conocer el veredicto del jurado. Salió del Palacio de Justicia contento y con palabras de agradecimiento para el jurado.
El martes por la noche quedó libre de cargos y sin un lugar al que poder ir. La casa del barrio de A Ponte en la que vivía con su hermana, el último pariente que le quedaba y que apareció muerta en el pasillo del domicilio con veinticinco vueltas de cable de teléfono en su cuello, en la mañana del 21 de agosto del año 2008, era alquilada. La propietaria del inmueble declaró en la vista. Dijo que carecía de luz y que no se la había alquilado antes a nadie, pero lo hizo con la pareja de hermanos porque se lo pidieron.
Los protocolos para los presos que quedan en libertad establecen que la prisión, según fuentes consultadas, está obligada a facilitarle el dinero necesario para desplazarse a su domicilio y una cantidad adicional para el mismo día en el que quede en libertad, jornada que ya no está obligado a dormir en la cárcel. El anciano, según reconoció en la vista, cobra una pensión, aunque no dijo cuánto ingresa.
Intentos infructuosos
Los intentos reiterados para saber quúe fue de José Antonio López García, una vez que quedó en libertad, como dónde pasó la noche, si pudo hacerlo en prisión, dada la hora en la que le comunicaron que quedó libre o si por el contrario se hospedó en un hostal o en cualquier otro lugar, al carecer de familia, fueron infructuosos. La abogada que lo defendió en el juicio contaba la noche en la que lo excarcelaron que los servicios sociales de la prisión se hicieran cargo del octogenario y que le buscaran una solución a su problema.
En situaciones similares a la de este anciano, los servicios sociales de las prisiones se suelen poner en contacto con los del municipio en el que residía recluso o con los de la comunidad para que se hagan cargo del caso, según fuentes consultadas. En el Ayuntamiento de Lugo no recibieron ninguna solicitud ni tuvieron conocimiento de la situación a través de la penitenciaría, según trascendió ayer, aunque fuentes del Concello apuntaron que lo extraordinario sería que lo hubieran hecho.