Una emigrante retornada de Londres se queda sin un piso por el que ya había pagado 70.000 euros porque fue ejecutada una hipoteca de la que no tenía noticia
13 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Julia tiene 63 años y vive sola. Hasta la tarde del martes tuvo un piso en la avenida de Madrid. Por la noche, durmió en el albergue de transeúntes porque fue desahuciada por impago de una hipoteca que ella no concertó. Julia, emigrante retornada, acogida a una prestación social de emergencia, sufre las consecuencias de tejemanejes que la han dejado sin un piso por el que pagó unos 70.000 euros y para el que nunca logró que el contrato privado que estableció con el vendedor alcanzase la condición de escritura pública. El vendedor, por otro lado, estableció una hipoteca sobre el piso con prestamistas particulares. No pagó y se ejecutó el desahucio que dejó en la calle a la mujer.
Julia V. emigró en su día, como tantos otros a Londres. Estaba casada con un ourensán, que trabajaba como taxista. La pareja se rompió y Julia volvió a Lugo. Decidió comprar un piso y se decantó por uno de la cuarta planta del número 65 de la avenida de Madrid. El precio, según las versiones recabadas, ascendió a 105.177,12 euros euros. Corría el mes de junio de 2002. La venta se reflejó en un contrato privado con el vendedor. De acuerdo con el citado documento, la compradora pagó 63.727,56 euros al vendedor. El resto debería ser abonado en cuotas a ingresar en una determinada cuenta bancaria.
Siempre según el citado compromiso de compraventa, la escritura pública tendría que ser formalizada antes del primero de octubre del 2004.
Según las versiones recabadas, la compradora intentó sin éxito en varias ocasiones escriturar la compra. Pasó el tiempo y no lo consiguió. Pero, mientras tanto, se producían otros hechos que acabarían por provocar que Julia tuviese que salir del piso que pretendió adquirir. Entre otros, el establecimiento, sin el conocimiento de Julia, de una hipoteca sobre el inmueble con unos prestamistas. Una préstamo al que no hizo frente el firmante, por lo que los acreedores ejecutaron la hipoteca.
En cuanto Julia V. tuvo conocimiento de la situación, pidió acogerse a la justicia gratuita para poder disponer de abogado. La representa el letrado Pablo Viño. La mujer, ya asesorada legalmente, presentó una denuncia por estafa en la Comisaría de Policía.
En este asunto, la mujer consiguió, mediante las gestiones de su abogado, que el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo dictase un auto en el que establece que en el Registro de la Propiedad «se haga anotación de prohibición de disponer y enajenar sobre el bien inmueble (..)». En esta resolución se aclara que en el citado juzgado se siguen diligencias previas por un delito de estafa. La medida cautelar adoptada fue solicitada por el ministerio fiscal.
Pese a ello, la orden de desahucio se materializó siguiendo las decisiones del juzgado de primera instancia. En la noche del martes la cerradura de la puerta del piso ya había sido cambiada, como, al parecer, pudo comprobar la interesada.
La asesoría legal de Julia seguirá la tramitación por la vía penal, aunque todavía no está cerrada la civil.
La mujer tuvo que pasar la noche en el albergue de transeúntes, según indicaron algunas fuentes. En estas instalaciones puede pasar otras dos noches. Pero su situación no es nada fácil, dado que sus recursos económicos en la actualidad parecen ser reducidos. De hecho, algunas fuentes indican que percibe una prestación social transitoria.